Contexto

El 9 de octubre de 1998 la Comunidad de Madrid, incorporó el Monte de Boadilla al Catálogo nº 179 de Montes de Utilidad Pública, siendo cotitulares al 50% el Ayuntamiento y la CAM, donde constan 323,42 ha. de utilidad pública y “0” de espacio natural protegido, debiendo ser actualizado en superficie y en protección.

Ello es así, porque la zona conocida como Los Fresnos, según el Informe del Director General de Calidad y Evaluación Ambiental de la CAM (18-07-2001), Sr. López Galiacho, con entrada ese año 2001 en el Ayto. de Boadilla de Monte, se afirmaba que el desarrollo de los Fresnos quedaba supeditado al establecimiento de un Convenio por el que se cediese a las Administraciones Públicas (CAM y Ayto.) las 430 ha., del Monte Los Fresnos para que su titularidad fuera pública y compartida, firmándose finalmente dicho convenio entre Ayto. y la propiedad. 

En 2002, se autorizó la construcción de 900 viviendas en Los Fresnos, (200.000 m2) hoy ya acabadas, a cambio de la cesión de aquellas 430 ha. al Ayuntamiento y a la CAM, para su cotitularidad registral y para su declaración como Monte de Utilidad Pública, de máxima protección contemplada según la Ley Forestal de la CAM.

Sin embargo, 20 años después, finalizada la urbanización de Los Fresnos, la CAM sigue sin ser propietaria de los terrenos cedidos que continúan inscritos a nombre del Ayuntamiento y lo que es peor, no se han iniciado los trámites para declarar monte de utilidad pública a las 430 ha. cedidas en su día. 

El Plan General de Urbanismo de 2015 y los informes emitidos por la Consejería de Medio Ambiente en 2001, vinculan la ejecución del sector Los Fresnos con la titularidad compartida del monte y la declaración de utilidad pública. Por consiguiente, es obvio que 20 años después, tanto por parte, de la CAM, como del Ayuntamiento se han “olvidado” del compromiso adquirido, pudiendo dar lugar a intereses espúreos, que lo tendrían mucho más difícil si respecto a las 900 ha., se reflejara tanto la cotitularidad, como su declaración de utilidad Pública. Resulta insuficiente la respuesta del Equipo de Gobierno en el último pleno, de haberlo solicitado en marzo de 2014, al haber transcurrido ya siete años “mirando para otro lado”, lo que prueba una inacción incomprensible.