El alcalde de Boadilla del Monte, Javier Úbeda Liébana, ha explicado en sus redes sociales que "el pasado mes de abril entró en vigor la ley de residuos y suelos contaminados para una economía circular promovida por Sánchez y Podemos". Ante esta ley, el alcalde ha denunciado que en esta norma hay escondida una "obligación de crear nuevos impuestos por parte de los Ayuntamientos a sus vecinos".
Es más, Liébana ha escrito a la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera Rodríguez, para decirle que "no tiene vergüenza". "El motivo de ello es que, como ya advirtiera el Consejo de Estado, que informó sobre esta ley indicando que no contemplaba el impacto económico para comunidades autónomas, ayuntamientos y particulares, supone la ruina económica para las entidades locales por el gasto que implica las exigencias de esta", anuncia el alcalde en la carta.
En cuanto a lo que supone en Boadilla del Monte, el alcalde ha querido dejar claro que "de un gasto de cinco millones de euros que realizamos al año en el servicio de recogida de residuos, vamos a pasar a gastar ocho millones de euros en el mejor de los casos y 10 millones de euros en el peor". Esto se debe a que la norma, para el alcalde, obliga a la "priorización de modelos de recogida como puerta a puerta o el uso de contenedores cerrados o inteligentes" y a la "adaptación de los contratos en vigor de las entidades locales relativos a la gestión de los residuos de su competencia".
Las tasas las van a tener que pagar los vecinos
Ante todas estas explicaciones, Javier Úbeda ha dejado claro que el dinero para financiar esta nueva regulación "que van a tener que pagar los vecinos y sobre la que, no van a tener que dar la cara".
"¿Por qué obligan a las entidades locales a generar nuevos impuestos cuando está ahogando a las familias, cuando España encadena diez meses seguidos con la mayor tasa de paro de toda la Unión Europea, o cuando aún estamos sufriendo las consecuencias del COVID-19?", pregunta el alcalde cuando explica que no puede poner en cuestión el principal objetivo de la norma, "que es implementar políticas para reducir al mínimo los efectos negativos de la generación y gestión de los residuos en la salud humana y el medio ambiente".
Para finalizar, el Úbeda ha dejado claro que este no es el único aspecto de esta ley que le parece discutible. Entre estos aspectos están "los plazos para la adaptación de los contratos y las ordenanzas municipales, la consecución de los objetivos fijados y que exista, en la actualidad, una tecnología operativa, aplicable y económica que haga posible lo que se exige".