El Pleno del Ayuntamiento de Boadilla aprobó en su última sesión una moción del Partido Popular para instar al Gobierno de la Nación a que presente un Proyecto de Ley nuevo, frente a la Ley 7/2022 de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, que respete la autonomía local y permita, en particular a los municipios con suficiencia financiera en sus cuentas públicas, la libre elección del método de financiación del servicio de recogida, transporte y tratamiento de residuos. La moción fue votada a favor por PP y Vox y en contra por PSOE y Más Madrid Boadilla.
La citada Ley obliga a todas las entidades locales, sin excepción, a establecer una tasa de basuras. En el artículo 11 se dice textualmente que “las entidades locales establecerán, en el plazo de tres años, a contar desde la entrada en vigor de esta ley, una tasa o, en su caso, una prestación patrimonial de carácter público no tributaria, específica, diferenciada y no deficitaria, que permita implantar sistemas de pago por generación y que refleje el coste real, directo o indirecto, de las operaciones de recogida, transporte y tratamiento de los residuos”.
La moción presentada ante el Pleno explica que el artículo 140 de la Constitución Española consagra la autonomía de los municipios para su gobierno, administración y gestión. En el artículo 106 de la Ley Reguladora de Bases de Régimen Local de 1985, por su parte, se explicita la autonomía de las entidades locales para establecer y exigir sus propios tributos. “Obligar a todas las administraciones a aplicar una tasa a sus vecinos supone un grave ataque a la libertad y la autonomía de gestión de las entidades locales” argumenta la moción.
Además, se explica que la Ley no contempla ninguna diferencia en el modelo de financiación del servicio de recogida y tratamiento de los residuos sólidos urbanos entre administraciones locales con suficiencia económica y superávit frente a aquellas que tienen problemas financieros. Según la norma, todos los ayuntamientos, no sólo se verán obligados a imponer la tasa de basura, sino que, además, dicha tasa deberá cubrir todos los costes del servicio (operaciones de recogida, transporte y tratamiento de residuos e incluso el coste de las campañas de concienciación y comunicación); los ayuntamientos no podrán financiar, ni siquiera parcialmente, el coste del servicio con recursos municipales
También se cuestiona la forma de determinar la cuota tributaria que, según la Ley, se aplicaría repartiendo el coste del servicio entre los distintos obligados tributarios y en atención al principio “quien contamina, paga”, por lo que será necesario conocer el volumen de residuos que se generan.
“La Asociación Nacional de Inspectores de Hacienda Pública Local, a este respecto, ya ha augurado que la imposición de la nueva tasa municipal de residuos, sin la existencia de una ordenanza fiscal tipo de referencia para su cálculo e implantación, generará una situación de gran inseguridad jurídica y supondrá, como conllevó la plusvalía, un indeseable aumento de la litigiosidad”, dice la Moción.
En Boadilla del Monte, la mayoría de los impuestos están en el mínimo legal permitido y algunos, como los de vado y basuras, son inexistentes, situación respecto a esta última que cambiará el próximo año. De hecho, según el Instituto de Estudios Económicos, es el municipio de España de más de 50.000 habitantes en el que se pagan menos impuestos; además, es el que más gasta por hogar entre los municipios de España de entre 50.000 y 200.000 habitantes, según un análisis de las liquidaciones presupuestarias de 2018 a 2021 que realizó el diario El País.