El alcalde de Boadilla del Monte, Javier Úbeda, ha remitido una carta a la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, en la que le reprocha que la aplicación por parte de los ayuntamientos de la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, aprobada por el Gobierno de la nación, supondrá la quiebra de muchos de ellos por los gastos que va a generar. Además, obligará a la aplicación de nuevos impuestos a los vecinos, que ya están pagando las consecuencias de la alta inflación que sufre España en estos momentos.
El Alcalde considera que, si bien es necesario implementar políticas para reducir al mínimo los efectos negativos de la generación y gestión de los residuos y hacer un uso eficiente de los recursos, la normativa llega tarde y está mal planteada. Además de que va a generar una presión fiscal de más de 1500 millones de euros como consecuencia de esos nuevos impuestos, plantea otros problemas importantes como los plazos para la adaptación de los contratos y las ordenanzas municipales, el cumplimiento de los objetivos fijados o la falta de tecnología adecuada para hacer posible lo que la ley exige.
En Boadilla, la aplicación de la norma supondrá pasar de un gasto de 5 millones de euros en el servicio de recogida de residuos a uno de 8 millones, en el mejor de los escenarios, o de 10 millones, en el peor, dado que, entre otras cosas, se obliga a la “priorización de modelos de recogida como el puerta a puerta o el uso de contenedores cerrados o inteligentes” y a la “adaptación de los contratos en vigor de las entidades locales relativos a la gestión de los residuos de su competencia”.
El Alcalde pregunta a la ministra de dónde considera que se puede recortar para acometer esa subida
El Alcalde pregunta a la ministra de dónde considera que se puede recortar para acometer esa subida: ¿de las ayudas por nacimiento y manutención? ¿De las ayudas por la escolarización y conciliación? ¿De las ayudas por emergencia social? ¿De la subvención de las terapias del centro de atención temprana y postemprana?.
El primer edil recuerda que el Consejo de Estado, que informó sobre esta ley, ya indicó que no contemplaba el impacto económico que supondría para comunidades autónomas, ayuntamientos y particulares, y culpa al Ejecutivo de Pedro Sánchez de ahogar más a las familias, que ya sufren los efectos negativos de la alta inflación que padece España en este momento, con la mayor tasa de paro de toda la Unión Europea y arrastrando aún las consecuencias económicas de la pandemia.
Por todas estas razones, Úbeda le pide a la ministra que reflexione y reconsidere la modificación de algunos aspectos de la ley para evitar el alto perjuicio que va a ocasionar sobre los ayuntamientos y sus vecinos.