Nos remontamos hasta 2008. El Ayuntamiento de Collado Villalba adjudica a una empresa la construcción de un túnel de alrededor de 350 metros, junto con un aparcamiento para más de 770 vehículos y la urbanización de más de 45.000 m2 en la zona de Honorio Lozano y Batalla de Bailén. Una polémica decisión municipal que supuso el rechazo de la oposición y de la vecindad, con más de 2.500 firmas para pedir una consulta popular.
Finalmente, el proyecto salió adelante mediante una obra para la que se usó la fórmula de la concesión, donde el canon fijado a pagar a la empresa era de 1,3 millones de euros anuales y revisables hasta 2046, incrementándose en un 2,5%. En un primer momento, su precio iba a rondar los 20 millones. Sin embargo, y tras varias modificaciones en el proyecto, su coste ascendió hasta los 32 millones de euros.
La alcaldía era regentada por el Partido Socialista por aquel entonces. Se podría decir que el túnel fue su herida de muerte, puesto que muchos apuntan que este fue uno de los motivos por los que perdieron las elecciones en el año 2011, tan solo un año después de inaugurar el túnel que pretendía ser construido en doce meses. A la llegada del Partido Popular al Ayuntamiento, el equipo de gobierno optó por no abonar el canon.
Esta decisión parece haberse prorrogado en el tiempo, puesto que varios juzgados de la capital se han pronunciado al respecto ante acciones legales emprendidas por la constructora al Consistorio por no abonar el precio acordado y han dado la razón a la misma. El canon de "pago incondicional" firmado hasta 2046 ha sido ratificado por los juzgados para con esta cantidad en los años 2009, 2010, 2011, 2012, 2014 y 2017.
Ahora, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Madrid ha dictado una sentencia por la cual reconocen el derecho a la concesionaria de este túnel y aparcamientos aledaños de cobrar la factura del canon establecido para el año 2019, que asciende a 1.718.851 euros, tras un nuevo recurso interpuesto por la empresa.
Como podemos comprobar, esta problemática asola el municipio desde hace ya más de una década sin una aparente solución por parte de los sucesivos gobiernos. El actual Concejal de Contratación, Bernardo Arroyo, se había negado, al igual que sus antecesores, a pagar la factura mencionada por entender que la empresa habría incumplido las obligaciones adoptadas en el "Plan Económico Financiero" en relación a la inversión y mantenimiento en la zona.
A pesar de que los motivos del concejal parecen más que razonables, desde los Tribunales apuntan que el compromiso contractual "no puede ser motivo de oposición frente al pago del canon" y obliga al Ayuntamiento de Collado a desembolsar los más de 1,7 millones. Bernardo Arroyo defiende que desde Ciudadanos se quiera revisar el contrato y lo define como acuerdo "ilegal" o "irregular", por el que la concesionaria estaría incurriendo en un enriquecimiento injusto.
Así, el concejal ha emprendido el camino para esclarecer el tipo de contrato que se mantiene con la empresa y si hay alguna manera de 'liberar' a los villalbinos y villalbinas de este pago que podría ascender hasta los 97 millones de euros en caso de continuar con la misma dinámica. Bernardo nos traslada a Soy de Madrid que considera lo ocurrido como un "escándalo brutal".
De este modo, el 18 de noviembre se celebraba un Pleno extraordinario a petición, precisamente, de Bernardo Arroyo, apoyado por los concejales de su partido, junto a Más Madrid, Unidas Podemos y PSOE. En él se pedía un acuerdo para iniciar la revisión de oficio del contrato mencionado en cuanto a la construcción, mantenimiento y explotación del túnel, aparcamientos y el entorno.
Una sesión del Pleno en la que los ánimos se encontraban caldeados y acabó por sentenciarse con la expulsión de la portavoz de MCV, Cristina Toral, y posteriormente con la del edil Roberto Oliver. Finalmente, y a pesar de las reticencias, el Pleno le dio el 'sí' unánime a la petición del concejal, a excepción de MCV Corazón Villalbino.
MCV denuncia que serán el Ayuntamiento y los ciudadanos quienes deban asumir las costas del proceso por el cual un juez ha dictaminado que el canon de 2019 debe ser abonado, además de los intereses de demora devengados a causa del pago tardío de la factura. Una cantidad que, según cálculos de la formación local, ascendería a los 500.000 euros en 2020, destacando que en 2021 también se dejaron de pagar.
He puesto todo en conocimiento del Tribunal para que estén informados de todo y decidan si quieren investigar o clarificar lo ocurrido. Mientras, nosotros vamos a la revisión de oficio
En cuanto a este procedimiento, el edil destaca que tendría coste 0 para las arcas municipales y que el objetivo sería que la Comisión Jurídica de la Comunidad de Madrid esclareciese no solo si existe algún tipo de nulidad en el fondo o en la forma del contrato, sino también para pedir responsabilidades jurídicas, si caben, a sus firmantes.
Desde Más Madrid consideran "oportuna" la revisión y busca "certezas". Vox, por su parte, reprochó al PP su papel como parte del gobierno municipal por no haber hecho "revisión" y por no pedir penalidades, "aunque se sabía que no se cumplía el mantenimiento". Podemos reiteró los presuntos incumplimientos de la concesionaria y la "aceptación" por parte del PSOE y PP al pago que asciende a los 97 millones.
El PSOE, que gobernaba en el momento que se adjudicó la construcción del túnel, sentenció que "esta obra no ha sido la mejor idea que ha tenido" el partido y quisieron repartir responsabilidades con el PP, puesto que si bien ellos lo construyeron, los populares lo habrían gestionado después.
No obstante, la formación recuerda que votan a favor "no porque el contrato sea ilegal" (los socialistas recuerdan cómo esta sería la 6ª sentencia relativa al asunto que evidenciarían que "no hay nada ilegal"), sino "para dotar de seguridad jurídica al concejal" y que este se decida, finalmente, por firmar las facturas y este asunto "se deje atrás".
El concejal de Contratación, Bernardo Arroyo, nos contesta estas cuestiones
Lo primero que nos traslada el concejal es que esta es una cuestión que se está alargando en el tiempo y que va más allá de que el Consistorio esté "obcecado" con ello, en palabras de MCV. Así, afirma que la sentencia mencionada no se va a recurrir. Al menos, por el momento.
La mayor preocupación del concejal de Contratación es que esta obra que comenzó por menos de 20 millones de euros y posteriormente se revalorizó por 32 millones, pueda llegar a ascender hasta los 97 millones en una "operación muy dudosa" en la que tan solo se vería beneficiada la concesionaria, en palabras de Bernardo.
Apunta que no entiende la posición de MCV Corazón Villalbino y nos traslada sus dudas en cuanto posibles intereses de la formación local en que el problema no se esclarezca y se pague cuanto antes. El hecho de que 23 de los 25 concejales votasen a favor, a su excepción, incrementa la sospecha del concejal.
Precisamente, lo que habría motivado al Bernardo a pedir la revisión de oficio es un informe solicitado por parte de la alcaldesa donde el letrado habría señalado que a pesar de no haber forma para su apelación, "es un contrato ilegal".
Reprochan al actual concejal de Contratación que, tras cuatro años formando parte de la oposición y tres en el equipo de gobierno, su "obcecación" con este asunto continúa. Además, destacan que en caso de llevarse a cabo, "podría ir en contra del cumplimiento de una sentencia hoy firme y de la tutela judicial efectiva", en base al artículo 103.4 de la ley de jurisdicción contencioso administrativa.
Del mismo modo, el concejal reprocha a sus antecesores en el Ayuntamiento no haber realizado antes esta labor y sentencia que, en caso de haber dado su conformidad a estos pagos, hubiese podido incurrir no solo en una mentira, sino también en un delito de prevaricación. Reitera los presuntos incumplimientos de la empresa en cuanto a sus obligaciones de explotación y sentencia que "no podemos pagarlo sin saber si se ha cumplido".
Ahora, el concejal afirma que continuará por el mismo camino que comenzó a su llegada al Ayuntamiento: tratar de establecer penalidades. Ante la pregunta de por qué no se denuncia a los firmantes del contrato, Bernardo duda en si estén ya prescritos los hechos. Sin embargo, manifiesta que ha entregado toda la documentación al Tribunal para que "estén informados de todo", incluido lo desarrollado por el edil.
En cuanto a las responsabilidades, Bernardo afirma que no es su cometido cerciorarse si hay prescripción o no de las posibles acciones, puesto que es una labor que le corresponde al Tribunal de Cuentas, institución a la que ya se habría remitido toda la información con la que cuentan desde Contratación actualmente. La Fiscalía será la que tome cartas en el asunto y valoren las circunstancias en cuanto a posibles delitos.
Así, sentencia que a partir de ese momento dependerá de esta institución si se quiere investigar o clarificar. Mientras, "vamos a la revisión de oficio".