Después de muchos retrasos, se esperaba que diera comienzo en marzo de este año, el juicio contra el alcalde de Colmenar Viejo, Jorge García Díaz, dará comienzo el próximo 22 de junio y se extenderá al 23 y 25 del mismo mes y el 1 de julio.
El alcalde se sentará en el banquillo junto a sus dos predecesores, dos concejales y siete exediles, todos ellos del PP, por la adjudicación de dieciséis licencias de primera ocupación a diferentes proyectos urbanísticos. A todos ellos se les acusa de delitos de prevaricación y por ellos la Fiscalía pide penas de prisión de 3,6 años así como la inhabilitación de 10 años para el ejercicio de cargo público.
Según el auto al que ha tenido acceso Europa Press, "las diferentes corporaciones que han conformado el Ayuntamiento de Colmenar Viejo durante los últimos diez años, y en concreto quienes han formado parte de las Juntas de Gobierno Local de sus gobiernos municipales, se pusieron de acuerdo para otorgar de forma reiterada licencias de obra de primera ocupación a distintos promotores pese al incumplimiento de la normativa urbanística derivada del Plan General de Ordenación Urbana y los distintos Planes Parciales de los distintos sectores urbanísticos en que se divide el Municipio de Colmenar Viejo".
El alcalde se sentará en el banquillo junto a sus dos predecesores, dos concejales y siete exediles
El alcalde está muy tranquilo
Por su parte, el alcalde de Colmenar, que se enfrenta a dos años de prisión y ocho años de inhabilitación, se muestra muy tranquilo ante un juicio que, según él, "va a poner fin a siete años de especulaciones y acusaciones intencionadas", pues durante siete años ha tenido que "soportar que su nombre y el de otros concejales y alcaldes hayan sido constantemente asociados a palabras como prevaricación y corrupción".
Por otro lado, ha asegurado que "volvería hacer" lo que le ha llevado a este juicio pues "siendo concejal de cultura en una junta de gobierno voté a favor de dar licencias a unas viviendas construidas acorde con la normativa, pero a las que faltaba el contrato de luz definitivo de Iberdrola".