La ministra de Igualdad, Irene Montero, y la secretaria de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género, Ángela Rodríguez, se han reunido este jueves con las impulsoras de la petición Stop Sumisión Química de Change.org. Durante el encuentro, las impulsoras de la petición, que ya ha recogido más de 100.000 firmas, han explicado las razones por las cuales pusieron en marcha la iniciativa, con el objetivo de pedirle al Ministerio de Justicia un protocolo unificado para personal médico y judicial, que permita tratar los casos de sumisión química, y que éstos también se juzguen como agresiones sexuales. También han trasladado la importancia de contar con servicios de asistencia integral para las víctimas de esta clase de violencia, que les garanticen su derecho a la reparación.
Por su parte, la ministra de Igualdad y la secretaria de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género, han expuesto como el proyecto de Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual (LOGILS), introduce expresamente como forma de comisión de la agresión sexual la sumisión química o el uso de sustancias y psicofármacos que anulen la voluntad de la víctima.
Tanto Montero como Rodríguez han destacado que con la nueva Ley se producirá un cambio de enfoque, en línea con el Convenio de Estambul, equiparando los abusos a las agresiones sexuales y situando el consentimiento en el centro. La LOGILS incorpora una serie de artículos centrados en la atención y protección a las víctimas, así como medidas encaminadas a mejorar la práctica forense y judicial, como instrumento fundamental para acreditar estos delitos. En este sentido, lo dispuesto en el artículo 47 del proyecto de ley supone un avance, ya que por primera vez se exigirá protocolizar la recogida de muestras y otras evidencias, incluidas imágenes, que puedan contribuir a la acreditación de las violencias sexuales, incluso sin denuncia previa de la víctima o sin proceso penal.
El proyecto de la nueva Ley de Libertad Sexual introduce como agresión sexual la violencia cometida bajo sumisión química o el uso de sustancias y psicofármacos que anulen la voluntad de la víctima.
Centros de crisis y protocolo
La futura LOGILS, y de forma específica la inversión de 66 millones de euros a través de los fondos europeos, para la creación de un Centro de Crisis 24 h en cada provincia para víctimas de todas las formas de violencias sexuales, permitirá que estas sean atendidas inmediatamente con acompañamiento social, psicológico y jurídico especializado en casos de sumisión química.
En ese sentido, actualmente el Ministerio de Igualdad y el Ministerio de Sanidad están colaborando en la elaboración del primer Protocolo de Actuación Común Sanitario en Violencia Sexual, que estará listo este año. Incluirá las actuaciones comunes en casos en los que ha existido sumisión química. Además, se establece también una ruta de actuación y coordinación con el Ministerio de Justicia e Interior.