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NOTICIAS | 823.000 euros más para solucionar la situación de las viviendas de San Fernando

Una inversión para la contratación de emergencia del servicio de realojo, vigilancia e inspección del inmueble

Una inversión para la contratación de emergencia del servicio de realojo, vigilancia e inspección del inmueble

Este contrato tendrá una validez de cinco meses.

Imagen: Comunidad de Madrid

El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy la inversión de 823.000 euros para la contratación de emergencia del servicio de realojo, vigilancia del inmueble, inspección, seguimiento y diagnostico estructural, proyecto y trabajos de rehabilitación de los edificios afectados por las obras de la línea 7B de Metro. Los inmuebles están ubicados en la calle Presa 23 y 25 del municipio de San Fernando de Henares.

 

Este importe se suma a los encargos realizados por la Comunidad de Madrid a la empresa Tragsa, y que fue también validado por Consejo de Gobierno, en sus reuniones de las últimas semanas, por lo que la inversión global para este fin asciende a más de 2,5 millones.



El Ejecutivo autonómico se hará cargo de manera íntegra de la responsabilidad patrimonial por los daños causados

Así, las actuaciones incluyen el realojamiento de los ocupantes del edificio, manutención, mudanza y custodia en guardamuebles, gastos de transporte entre puntos de alojamiento y San Fernando de Henares, suministros en las viviendas desocupadas y en destino, plazas de garaje de estacionamiento privado durante la duración del encargo y servicios inmobiliarios. También incluye la vigilancia del inmueble, inspección y seguimiento estructural, diagnóstico estructural, proyecto y trabajos de rehabilitación.

 

Este contrato tendrá una validez de cinco meses desde el comienzo de los trabajos el pasado 31 de enero.

 

El Gobierno regional continúa con su plan de actuación para la zona con el objetivo de conseguir estabilizar y consolidar el terreno, así como realizar todos los trabajos que sean necesarios en las viviendas y los edificios afectados directamente. El Ejecutivo autonómico se hará cargo de manera íntegra de la responsabilidad patrimonial por los daños causados, e intensificará las inspecciones en estas casas.

 

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