La tragedia de las residencias sigue siendo carne de cañón. Ahora, la Comunidad de Madrid está reclamando a familiares de residentes fallecidos deudas contraídas durante los meses de marzo y abril de 2020, en plena pandemia. En palabras de Ana Dávila, consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, esto responde a "una normativa estatal que estamos obligados a cumplir", y añade que "es una obligación de la administración, cuando hay una deuda con ella, solicitar y reclamar esa deuda en base a leyes estatales".
Fuentes de la propia Consejería han avalado las palabras de Dávila recordando que están obligados a reclamar esos pagos, pues "la legislación estatal no estableció ninguna excepcionalidad con las deudas pendientes durante la pandemia". Además, en cuanto al tiempo transcurrido desde la pandemia hasta el día de hoy, las mismas fuentes apuntan a que, "en el caso de las deudas de residentes fallecidos, su proceso es mucho más complejo y se dilata en el tiempo al tener que requerirse a los herederos". También recuerdan a los afectados que estos requerimientos se pueden recurrir.
Al parecer, el Gobierno regional ha enviado varias cartas por correo postal a estos familiares donde les señalan las cantidades pendientes de pago, y que corresponden al último periodo estancial de los residentes fallecidos. Unas misivas que llegan cuatro años después del drama provocado por el Covid-19, y que ha despertado una nueva marea de reproches hacia el Equipo de Isabel Díaz Ayuso, "cada día la presidenta se supera en maltratar a los familiares, por un lado, dice que está abierta a hablar con familiares y, por otro, está dándonos mazazos después de cuatro años", aseveran desde la asociación Marea de Residencias.
Otros que no han pasado por alto estas cartas son los socialistas. Lorena Morales, portavoz de Políticas Sociales del PSOE-M, ha puesto sobre la mesa el testimonio de un familiar afectado, y ha denunciado durante su comparecencia en la Asamblea que "hay que tener poca humanidad para reclamarle a una familia, que pagó religiosamente con su recibo domiciliado, 600 euros de miseria", y añade que "con una mano ustedes le reclaman 600 euros 4 años después a las familias cuyos seres queridos murieron bajo los protocolos de la vergüenza, mientras con la otra les perdonan a las grandes fortunas cada año mil millones, eso son ustedes y ese es su retrato".
Más Madrid también se ha sumado a la oleada de denuncias presentando varias solicitudes de comparecencia al Gobierno regional para que informe sobre las cantidades pendientes de cobro que se están reclamando. Manuela Bergerot, portavoz de la formación en la Asamblea, ha tildado la política de Ayuso de "indolencia, crueldad y ensañamiento". "El desprecio a los 7.291 mayores que murieron en las residencias y a sus familias no conoce límites", mantiene la portavoz, y pide explicaciones al Ejecutivo regional.