Las entidades que accedan a estas subvenciones podrán sufragar los gastos de personal derivados de los recursos humanos asignados específicamente a las actividades objeto de la ayuda, por una cuantía que no podrá superar el 75% del coste total de esas actuaciones.

Entre las categorías profesionales admitidas están psicólogos; mediadores, trabajadores y educadores sociales, licenciados en derecho, personal de apoyo para el tratamiento, accesibilidad y explotación de la información, personal de apoyo administrativo y, en su caso, profesional especializado en la atención para la que se pide la subvención: intérpretes de lengua de signos (ILSE), agentes de desarrollo de la comunidad sorda (adecosor) y guías encargados/as de la mediación.