Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, ha lamentado que España sea el único país de Europa que va a tener los escaparates apagados. Por ello, la presidenta ha insistido en recurrir ante el Tribunal Constitucional el real decreto del plan energético del Gobierno de España.
Así, en sus redes sociales, Ayuso ha dicho que "el decreto va contra el comercio, el turismo y la sensación. Una imposición sin diálogo que no mide su impacto económico e invade competencias. Los recurrimos al Tribunal Constitucional". Sin embargo, Teresa Ribera, vicepresidenta tercera del Gobierno, ha explicado que no se va a modificar o aplazar la entrada en vigor de este decreto, pese a que comunidades autónomas como Andalucía, Comunidad de Madrid, Galicia, Murcia y Castilla y León lo hayan pedido.
De hecho, La Comunidad de Madrid va a presentar un recurso de inconstitucionalidad contra el Real Decreto de Ahorro Energético por "invasión de competencias". Según explican desde el Gobierno regional, este recurso de inconstitucionalidad se hace ante la "falta de rectificación del Gobierno, que mantiene la imposición a los sectores afectados". Ante estas declaraciones, desde la Comunidad de Madrid aseguran que se está poniendo en cuestión las competencias propias de la Comunidad de Madrid, en concreto, las ligadas al comercio.
Una imposición sin diálogo que no mide su impacto económico e invade competencias
Por su parte, tras la reunión de Paloma Martín, consejera de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura, y Javier Fernández-Lasquetty, consejero de Economía, Hacienda y Empleo, tuvieran una reunión conjunta con las conferencias sectoriales de Energía, Comercio y Turismo, han dado sus declaraciones sobre este Real Decreto.
Así, Martín ha asegurado que han solicitado "una reunión urgente de la Conferencia de Presidentes, la convocatoria a los sectores y la retirada del Real Decreto Legislativo, porque a diferencia de lo que propone la Unión Europea, esta normativa impone obligaciones al sector privado".
Por su parte, Lasquetty ha querido dejar claro que "no se pueden hacer las cosas así, sin evaluar las consecuencias, sin evaluar la inseguridad que va a traer". Es más, el consejero de Economía, Hacienda y Empleo, ha continuado diciendo que al tratarse de un país tan turístico, como España, es muy grave. "No se puede tomar una medida así sin ver qué consecuencias tiene en términos de contratación económica, de reducción del tamaño de nuestra economía y, por tanto, de pérdida de empleos", concluye el consejero.