Adolfo Carretero es el juez encargado de investigar el caso mascarillas. El magistrado ha solicitado que se libre oficio al Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias del Banco de España (SEPBLAC) para que se remita el informe que supuso la apertura de diligencias por parte de la Fiscalía Anticorrupción.
Un medio de comunicación ha tenido acceso a la providencia por la que, en base a una petición del grupo municipal Más Madrid, se le hiciese llegar el informe número 6639/2020. La acusación popular en este caso solicitó añadir este informe al sumario para que el resto de acusaciones tuviesen conocimiento.
En el sumario del caso aparece reflejado cómo fueron las propias entidades bancarias utilizadas por los comisionistas quienes se dieron cuenta de que algo no iba bien tras detectar ingresos con elevadas sumas de dinero por parte de Luis Medina y Alberto Luceño; todas con justificaciones, como mínimo, dudosas.
Medina ingresó 1 millón de euros, mientras que Luceño ascendió esa cantidad a 5 millones depositada en sus cuentas. En ese momento los bancos avisaron al servicio de prevención de blanqueo de capitales y éste, a su vez, dio el aviso a la Fiscalía Anticorrupción, ya en noviembre del año 2020.
En el sumario del caso aparece reflejado cómo fueron las propias entidades bancarias utilizadas por los comisionistas quienes se dieron cuenta de que algo no iba bien tras detectar ingresos con elevadas sumas de dinero por parte de Luis Medina y Alberto Luceño; todas con justificaciones, como mínimo, dudosas
SOLICITUD A LA ICC
El juez, a su vez, también ha solicitado a la sección española de la Cámara de Comercio Internacional (ICC) que se adjunten los contratos suscritos por los investigados con el membrete de la institución, con el fin de que la ICC informe sobre diferentes aspectos. Luis Medina y Alberto Luceño habrían acreditado ante el Consistorio de Madrid su relación comercial con la empresa malaya Leno mediante un contrato en el que aparecía el distintivo de la ICC, tal y como apuntan las pesquisas.
Lo que quiere conocer el juez es si la ICC ha participado en la elaboración de los contratos o alguna de sus cláusulas, si ha autorizado incorporar su membrete y si se corresponden con los documentos oficiales de la institución.
Otra de las preguntas que se hace la Fiscalía es en qué períodos han sido empleados esos documentos con los membretes con ese diseño que aparece en los contratos, especificando en qué fecha se incorporaron por primera vez a los documentos de la Cámara y cuando fueron reemplazados por otro diseño.
Otra de las cuestiones es en torno a la posible relación de ambos investigados con la institución en calidad de socios y, en caso de haberlo sido, se exprese exactamente durante cuánto tiempo fue y en qué momento. Se solicita que informe al Juzgado si el organismo cuenta con pautas o recomendaciones sobre los porcentajes de las 'comisiones adecuadas' por el desempeño de las funciones de agente o facilitador en la celebración de estas operaciones mercantiles que han supuesto el ya famoso 'Caso Mascarillas'.