La Secciones Sindicales del Hospital Central de la Defensa “Gómez Ulla” han denunciado que el Ministerio de Defensa quiere instalar un sistema de control de presencia para el personal civil, que supone una indefensión frente a la custodia de datos especialmente sensibles -como son datos antropométricos faciales y digitales- que serán custodiados por personal militar, sin acceso a las organizaciones sindicales ni a los trabajadores y sin garantizar el derecho a la privacidad, lo que podría ser constitutivo de vulneración de la Ley de Protección de Datos.
Los representantes sindicales, de forma unánime, consideran esta iniciativa un “nuevo abuso de autoridad” ejercido por la Dirección del centro sin previa negociación y con serias dudas sobre la transparencia administrativa del proceso. Los sindicatos desconocen cómo se ha realizado la licitación con ‘carácter urgente’ en plena pandemia COVID-19 y cómo se ha autorizado la instalación de sistemas de control de última tecnología.
Hace 10 años se instaló otro sistema con tarjeta magnética para el control del personal tanto civil como militar
La recogida de datos biométricos para el control de presencia exige el consentimiento explícito y libre del trabajador, algo muy difícil de conseguir cuando el empleador es una institución militar. Además, la instalación se ha realizado sin que conste el informe de evaluación pertinente, por parte del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales, en cuanto a criterios de localización en relación a la accesibilidad, distancia de seguridad, evitar aglomeraciones, etcétera.
No hay precendentes
Este nuevo sistema de control no existe para el personal sanitario en toda la Red Hospitalaria Pública del territorio nacional, incluído el Hospital Militar de Zaragoza. “Creemos que en el momento actual de crisis en el que estamos hay otras prioridades a resolver como no tener agua potable en el hospital, la falta de sistemas de control de acompañantes de enfermos con el riesgo que supone la actual transmisión intrahospitalaria de COVID-19, la reforma y actualización de instalaciones obsoletas con falta de mantenimiento y seguridad, la no renovación de contratos de compañeras en situación de baja durante el embarazo o maternal alegándose falta de presupuesto, … que nos hace plantearnos sobre las verdaderas intenciones de esta urgencia de control, en estos graves momentos de crisis por la pandemia”, subrayan los sindicatos.
Hace 10 años se instaló otro sistema con tarjeta magnética para el control del personal tanto civil como militar. “Fue público y notorio que muchos militares no fichaban y seguían sin cumplir horario, pero las amenazas de sanciones disciplinarias solo recayeron sobre el personal civil por la anterior jefa de personal, actualmente bajo investigación judicial por su mala gestión y dudosas irregularidades en contratos y acusaciones que ocasionó ceses incluido el del subsecretario de Estado de Defensa”. Este sistema de control fue autolimitado dado que el personal militar se negaba a realizarlo. Posteriormente se instalaron otras máquinas de control, esta vez por huella digital que nunca fueron utilizadas y que se relacionó con supuestos fraudes de contrato, por lo que fueron procesados los interventores y llevó a su retirada.