El Consejo de Gobierno ha autorizado, en su reunión de hoy, la publicación en el Portal de Transparencia de la consulta pública de los decretos que modifican el Reglamento de los Servicios de Transporte Público Urbano en Automóviles de Turismo y se desarrolla la ley autonómica de 1998 en materia de arrendamiento de vehículos con conductor, iniciando así su tramitación para los sectores del taxi y los VTC, respectivamente.
El Gobierno regional, sobre el que se refiere al taxi, tiene como objetivo adaptarlo tanto a los cambios habidos hasta alcanzar la norma que hay en vigor ahora, que data de 2005, como al nuevo mercado del transporte, recogiendo las nuevas medidas en relación con los titulares de las licencias de auto taxi y de sus vehículos.
Algunas de estas son eliminar el requisito de que los titulares de las licencias estén domiciliados en la Comunidad de Madrid, si bien los vehículos si deberán tener los permisos de circulación residenciados ella; prever que las personas jurídicas puedan ser titulares de las licencias de autotaxi y contemplar que los servicios previamente contratados sean a precio cerrado de forma que el usuario conozca su coste antes; y contratación por plaza con pago individual cuando se cumplan ciertas condiciones.
Algunas de estas son eliminar el requisito de que los titulares de las licencias estén domiciliados en la Comunidad de Madrid
Por otra parte, el Ejecutivo elaborará también un reglamento específico que recoja los requisitos que han de observarse para el transporte urbano mediante la modalidad de arrendamiento de vehículos con conductor, junto a las condiciones para su prestación, dotando de seguridad jurídica tanto para las empresas como para los usuarios. El pasado 9 de junio se aprobó en la Asamblea de Madrid la ley que habilita a las VTC a seguir con sus servicios de carácter urbano en el ámbito territorial de la región.
La Comunidad de Madrid, con carácter previo a la tramitación, pone en marcha un procedimiento, a través del portal web de la Administración, en la que se recabará la opinión de los interesados y de las organizaciones más representativas afectados por las futuras normas acerca de los problemas que se pretenden solucionar con las iniciativas, la necesidad y oportunidad de su aprobación, los objetivos, así como las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias.
Una vez publicadas, este mismo mes, los ciudadanos tendrán un plazo de 15 días hábiles para hacer llegar sus opiniones a través del Portal de Transparencia.