El Consejo de Gobierno ha aprobado el proyecto de Ley de Derechos, Garantías y Protección Integral a la Infancia y a la Adolescencia de la Comunidad de Madrid. La norma autonómica sustituirá a la actual, en vigor desde 1995, para actualizar e incorporar las nuevas realidades en relación con la protección de los intereses y la garantía de los derechos de los 1,2 millones de niños y jóvenes de la región y, especialmente, adaptarla al marco legislativo nacional e internacional y a los desafíos de la sociedad.
El documento reconoce y garantiza el ejercicio efectivo de los derechos de los que son titulares los menores de edad, así como establece los principios rectores de la actuación administrativa en materia de infancia y adolescencia y el marco de colaboración con las familias, el resto de Administraciones públicas, las entidades del Tercer sector y las empresas, identificando los órganos de atención y garantía de sus derechos. Además, adecúa la legislación a las mejores prácticas en valoración y tratamiento del riesgo, impulsando a tal efecto los mecanismos de protección y prevención.
La nueva Ley hace una apuesta por el cumplimiento efectivo del derecho del niño a crecer en una familia, especialmente en el caso de los menores de 6 años. Se incluyen pasarelas entre los sistemas de acogimiento y adopción para garantizar situaciones estables para los niños, unificando procedimientos y declaraciones de idoneidad. Además, subraya el carácter prevalente del interés superior del menor frente a otros intereses legítimos y regula las entregas voluntarias, garantizando de este modo canales seguros para la madre y el niño. Concepción Dancausa, consejera de Familia, Juventud y Política Social, ha intervenido en los informativos de Televisión Digital de Madrid para explicar los detalles sobre cómo se articulan este tipo de pasarelas: "hasta ahora, había familias de acogida que después no podían optar por la adopción, lo cual no tiene mucho sentido, porque si el objetivo es que los menores crezcan en familia, precisamente aquellos que los han tenido en acogimiento deberían tener una mejor opción para ese siguiente paso; estas pasarelas favorecen que la valoración de la idoneidad de la familia para el acogimiento sea útil también para la adopción, al haber vivido ya con ellos", y añade que "es algo que tiene toda su lógica, pero sin embargo no funcionaba así".
La Comunidad de Madrid reafirma con este proyecto de Ley su compromiso de proteger el derecho a la vida, la supervivencia y la integridad física, psicológica y moral de los niños, movilizando a tal efecto todos los recursos disponibles, en aras a la salvaguarda del interés superior del menor. Este deber de protección se extiende no solo desde su concepción, sino también a la mujer embarazada, articulando mecanismos de ayuda ya desde la fase prenatal, con el objetivo de velar por la vida y la salud del nasciturus, al mismo tiempo que se ponen todos los medios y el apoyo necesario al alcance de madres jóvenes para que puedan continuar con su embarazo y criar a sus hijos dignamente, con salud y en libertad. "Los programas van dirigidos a madres con hijos, que no tienen medios económicos, hasta a embarazadas, recogiendo los derechos del bebé antes de nacer, tratando de apoyarles en todos los aspectos de su vida", destaca la consejera, quien ha hecho referencia a un apoyo transversal en la Comunidad de Madrid, que abarca "desde el ámbito sanitario a las ayudas y casas de acogida para madres sin recursos".
Estas pasarelas favorecen que la valoración de la idoneidad de la familia para el acogimiento sea útil también para la adopción, al haber vivido ya con ellos
Protección a todos los niveles
Sobre el derecho a la educación, el texto promueve la escolarización universal y gratuita a niños de 0 a 3 años, lo que supone una de sus novedades. En la Comunidad de Madrid el próximo curso 2022/23 será el cuarto con la escolarización en las Escuelas Infantiles públicas, una iniciativa que beneficia a más de 40.000 familias. Del mismo modo recoge la protección integral de la salud de los niños como un derecho irrenunciable, al mismo tiempo que una obligación compartida por el conjunto de la sociedad.
La Ley aprobada en Consejo de Gobierno dedica 17 artículos a la protección de los menores, y lo hace en una doble dirección. Por un lado, la protección integral de la infancia y la adolescencia frente a cualquier forma de violencia, a través de medidas en el ámbito familiar, educativo y sanitario, así como en el sistema de protección de menores; por otro, la protección respecto a determinadas actividades, productos y servicios, como publicaciones y contenidos audiovisuales, espectáculos públicos o actividades recreativas. En esta línea, Dancausa expone que éste "es un tema de mucha relevancia y se establecen, dentro de la Ley, programas de todo tipo, especialmente enfocados en la prevención de la violencia para que esta no se ejercite; algo que se realizará a través de campañas, información, orientación y trabajo con las familias, hasta el puro ejercicio de la atención cuando ya se ha producido". La consejera ha subrayado que se dedica "mucho espacio de la ley a recoger todos nuestros proyectos para materializar ese derecho del menor a no sufrir ningún tipo de violencia".
El documento también indica que el acceso universal del niño a las competencias digitales debe ser un empeño de las administraciones públicas, con independencia del lugar en el que viva el menor o de la capacidad económica de su familia. El texto del proyecto de Ley validado ahora se remite a la Asamblea de Madrid para la correspondiente tramitación parlamentaria previa a su entrada en vigor.