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NOTICIAS | Coordinación para protegernos y defendernos de los incendios

La Comunidad de Madrid creará un Comité Interdepartamental que reforzará el INFOMA

La Comunidad de Madrid creará un Comité Interdepartamental que reforzará el INFOMA

López, Martín e Izquierdo, durante la reunión en la que se marcan las bases para el nuevo Comité.

Imagen: Comunidad de Madrid

La Comunidad de Madrid ha propuesto elevar al Consejo de Gobierno la creación de un Comité Interdepartamental para establecer medidas urgentes de protección y defensa en materia de coordinación de incendios forestales, y que se sumarán y reforzarán a las ya existentes dentro del Plan de Protección Civil contra Incendios Forestales (INFOMA), que hasta la fecha ha permitido neutralizar más de 140 conatos de incendios en la región.

 

Ante la situación de extrema gravedad que cada verano afrontan las masas forestales, debido a diversos factores como el abandono de usos tradicionales, los condicionantes a la gestión forestal y los episodios climáticos extremos recurrentes, el Ejecutivo autonómico pone en marcha este comité formado por diferentes consejerías con competencia en seguridad y emergencias, medio ambiente, desarrollo territorial y cooperación con ayuntamientos. El objetivo es reforzar y establecer aquellas iniciativas que redunden en la mejora y adaptación de los ecosistemas a la amenaza de los incendios forestales.

 

Los consejeros de Presidencia, Justicia e Interior, Enrique López; Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura, Paloma Martín; y Administración Local y Digitalización, Carlos Izquierdo, se han reunido para la constitución de este comité autonómico y abordar la situación del Plan INFOMA y las medidas ante una hipotética crisis debido a un desabastecimiento energético. El comité se pondrá en marcha este mismo mes, estableciendo un plan de trabajo que permita la concreción de propuestas antes de noviembre y que puedan ejecutarse o iniciarse de manera urgente previo a la campaña de riesgo alto 2023.

 

Entre los objetivos específicos deberá analizar, proponer y ejecutar medidas basadas en las siguientes materias: Análisis de la vulnerabilidad de nuestros ecosistemas a la amenaza de los incendios forestales; el impulso, adaptación y mejora del Plan de Defensa contra Incendios Forestales y del Decreto que aprueba el Plan Especial de Protección Civil Contra Incendios Forestales; y llevar a cabo un seguimiento del operativo del Plan INFOMA.

 

Además, se efectuará una propuesta para acometer modificaciones legislativas que faciliten una gestión más sostenible del territorio y de las masas forestales, impulsando su gestión y la recuperación de los usos tradicionales, y que ya están contempladas en la futura Ley Ómnibus autonómica.

 

El Comité Interdepartamental también trabajará en aquellas propuestas de ayudas económicas a programas de prevención de incendios forestales y gestión forestal, además de seguir en el impulso de programas educativos y de concienciación social.

 

Por último, se aplicará un análisis de elementos e influencias externas sobre los espacios forestales, para una coordinación más efectiva aún con otras regiones además de elevar la petición de medidas al Gobierno de España, ya que la coordinación autonómica es fundamental como así lo demuestran los convenios suscritos por Madrid con Castilla-La Mancha y Castilla y León.

 

 



Actuación ante la crisis energética y de abastecimiento

 

Por otra parte, el consejero López ha vuelto a recordar al Gobierno central la necesidad de contar con un Plan de actuación conjunta ante un posible episodio de crisis energética o desabastecimiento de productos esenciales, del que se ha llevado a cabo una actualización durante el encuentro.

 

En el marco de las competencias propias, a través de la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior, y dentro del apartado de Protección Civil, ya se elaboró un documento que emana de aspectos concretos ya recogidos en el Plan Territorial de Protección Civil (PLATERCAM), y en relación directa con los distintos escenarios que podría plantear una situación de este tipo. Este informe fue presentado en Consejo de Gobierno el pasado 15 de diciembre de 2021.

 

La Comunidad de Madrid a lo largo de estos meses ha seguido trabajando en la materia, elaborando protocolos que se ha ido añadiendo al Plan Territorial de Protección Civil y llevando a cabo acciones de colaboración público-privada para, por ejemplo, disponer de maquinaria pesada que contribuya a reducir los riesgos frente a emergencias o inclemencias meteorológicas severas. Otros ejemplos de esta actualización ha sido la realización de simulacros a gran escala, como el del pasado mes de abril en el Canal de Isabel II, que permitieron poner a prueba la capacidad de respuesta de la Administración regional ante una hipotética situación de crisis en instalaciones críticas.

 

López ha recordado que la seguridad energética, regulada expresamente en la Ley de Seguridad Nacional, recoge en sus artículos 10 y 11 que la gestión de la crisis se desarrollará a través de instrumentos de prevención, respuesta, retorno a la normalidad y evaluación, dando participación a las comunidades autónomas que puedan resultar afectadas, pero que deben de ser coordinadas por el Estado. Entre estos escenarios se encuentran los riesgos tecnológicos o antrópicos, accidentes en centrales de generación de energía, transporte de energía (hidrocarburos), suministros esenciales (agua y energía eléctrica), así como infraestructuras sensibles, como conducciones y depósitos de hidrocarburos, gasolineras o instalaciones de energía eléctrica. Este apartado también incluye un punto de recomendaciones ante nevadas, hielos y olas de frío.

 

La Comunidad de Madrid dispone de los instrumentos adecuados para la planificación de emergencias que entrañen la posibilidad de sufrir una crisis energética y de suministros básicos. El PLATERCAM como Plan Multirriesgo, al igual que sucediera con la pandemia del COVID-19, es la herramienta de coordinación y planificación que hace establecer el marco organizativo y funcional para una respuesta coordinada, entre el Gobierno autonómico y los 179 municipios madrileños, cuando una situación de desabastecimiento suponga un riesgo colectivo.

 

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