El teléfono 024 del Gobierno de España atendió, en sus cuatro primeros meses de funcionamiento, más de 34.000 llamadas, cerca de 1.500 derivaciones a los servicios de emergencia 112 e identificó un total de 585 suicidios en curso.
Así se desprende del balance de actividad de la Línea de Atención a la Conducta Suicida puesta en marcha por el Ministerio de Sanidad el pasado 10 de mayo bajo el lema 'Llama a la vida'. Se trata de un servicio que, tras una elevada demanda en los primeros días de funcionamiento, atiende actualmente una cifra diaria de alrededor de 300 llamadas.
Los datos registrados hasta la fecha evidencian la necesidad del este servicio para hacer frente a una amenaza silenciada y latente como son los problemas de salud mental y la conducta suicida. El suicidio es la primera causa de muerte externa en nuestro país.
La Línea 024, de Atención a la Conducta Suicida, está en funcionamiento las 24 horas del día, los 7 días de la semana, todos los días del año. Es gratuita, accesible, inmediata, confidencial y está atendida por personas expertas, para dar apoyo a personas con conducta suicida, familiares y allegados e intervenir, en el caso de ser necesario, en situaciones complejas de alto riesgo.
Los datos registrados hasta la fecha evidencian la necesidad de este servicio
Plan de Acción de Salud Mental 2022-2024
La Línea 024 forma parte del Plan de Acción de Salud Mental 2022-2024, que fue aprobado por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud el pasado 11 de mayo y que está dotado con 100 millones de euros de presupuesto.
El pasado 1 de agosto, el Consejo de Ministros aprobó la propuesta de distribución territorial para el ejercicio presupuestario de 2022 de 16 millones de euros destinados al Plan de Acción Mental y el acuerdo se someterá al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS).
El Plan de Acción de Salud Mental está en línea con la Estrategia de Salud Mental del Sistema Nacional de Salud, actualizada a finales de 2021, y es fruto del consenso con las comunidades y ciudades autónomas, las entidades científicas y sociales y la ciudadanía a través de las asociaciones de pacientes y familiares.