Ana Dávila expone ante nuestras cámaras las líneas cardinales de la Estrategia para la Atención a Personas con Discapacidad Horizonte 2028, un programa que cuenta 316 medidas dotadas de una inversión de 4.800 millones de euros. Además, la consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales en la Comunidad de Madrid ha destacado que en su elaboración han participado las diferentes consejerías del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, buscando incorporar "facilidades para estas personas", tanto en la agilización de trámites como en el acceso a la Educación y al propio transporte público de la región, así como a sus documentos electrónicos gracias a la App My112.
La consejera ha incidido en uno de los aspectos que contempla la nueva Estrategia, la reducción de la burocracia y, en concreto, la disminución de los tiempos de espera para el reconocimiento de la discapacidad, ya que hace unos días se conocía que cerca de 20.000 personas llevaban esperando varios meses para adquirir dicho reconocimiento. Si bien es cierto que "la Comunidad de Madrid es una de las regiones con menor demora en España", reduciendo más de un 30% los tiempos de espera desde la crisis del covid-19, en el programa se recogen medidas para seguir trabajando en esta línea.
Así lo ha explicado Dávila señalando que, para ello se ampliará la plantilla de profesionales y se crearán "dos nuevos centros base de valoración". No obstante, la consejera ha señalado que siguen encontrando dificultades para cubrir el déficit de recursos humanos, algo que "hemos reclamado al Gobierno de España", remarca, recordando que "llevamos muchos años pidiendo desde la Comunidad de Madrid una estrategia nacional de recursos humanos para el ámbito social y sanitario".
Otro de los frentes abiertos que ha vuelto a enfrentar a la Comunidad con el Gobierno nacional es la reforma de la Ley de Extranjería en relación con los criterios de reparto de menores migrantes no acompañados. El Gobierno liderado por Ayuso ha recurrido dicho decreto asegurando que es inconstitucional porque invade competencias autonómicas.
"Es un reparto arbitrario decidido por un prófugo de la Justicia que está utilizando al Gobierno de España y, en concreto, a Pedro Sánchez como marioneta, y a los menores como moneda de cambio", ha sentenciado Dávila. La consejera ha incido en la inconstitucionalidad de este dictamen y la posible vulneración de derechos humanos de los menores, todo por "los siete votos de Junts".
Aun así, la Comunidad de Madrid es "una región de acogida" y cuenta con un sistema público de protección al menor cuya "obligación legal y también moral" es atender a los migrantes. "Lo que consideramos es que no se puede actuar al margen de la ley, al margen de los criterios vigentes solamente para contentar a los independentistas", mantiene la consejera.
En este sentido, Dávila también ha querido responder a las recientes acusaciones de los alcaldes socialistas de Parla y Fuenlabrada, Ramón Jurado y Javier Ayala. Ambos mandatarios denuncian que la estrategia del Gobierno madrileño sea alojar a los menores migrantes en el centro de La Cantueña, ubicado en el municipio de Fuenlabrada, pues consideran que estarán "hacinados" y sin los medios necesarios para su normal integración.
"Nos parece indecente este señalamiento constante al centro de La Cantueña por parte del alcalde de Fuenlabrada al que ahora se suma también el alcalde de Parla, el delegado del Gobierno y el secretario general del PSOE-M", asevera la consejera, mostrando su apoyo a los trabajadores del lugar. Además, recuerda que "el Gobierno de España sí que tiene a miles de personas hacinadas en los campamentos de Carabanchel y de Alcalá de Henares", también en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid - Barajas, asegura, donde tanto las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado como la anterior compañía gestora del mismo denunciaron la posible vulneración de derechos humanos, "tenían a personas entre bolsas de basura", "es indecente".
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