Desarrollo de los hechos

La residencia denunciada, de titularidad municipal y regentada por Planiger S.A, según informa EuropaPress, disponia con carácter previo al periodo epidémico con un servicio de atención médica de 20 horas, de lunes a viernes, ofrecido por un doctor que causó baja laboral por COVID-19 entre el 25 y 30 de marzo del 2020.

Solamente dos días antes de producirse este suceso, el 23 de marzo, se incorporó a la residencia, con el objetivo de dar apoyo a dicho médico y dar cobertura a los residentes durante los fines de semana a lo largo de la crisis sanitaria, un doctor licenciado en medicina por el Instituto Superior de Ciencias Médicas de la Habana, que se encontraba en trámites de homologación de su titulación en España, contrato que finalizó dos días después, 25 de mayo.

A lo largo del periodo de tiempo fijado, las autoridades sanitarias de la Comunidad de Madrid aprobaron el denominado "Protocolo de coordinación para la atención a pacientes institucionalizados en centros residenciales de la Comunidad de Madrid  durante el periodo epidémico ocasionado por el COVID-19". Se establecería de esta manera un sistema de comunicación con el hospital de referencia, a fin de que el geriatra decidiera su traslado a un centro hospitalario o se le asistiera en el mismo centro.

Según EuropaPress, los médicos que atendieron a dicha residente, nunca llegaron a activar dicho protocolo. La mujer de 87 años se encontraba en una situación de deterioro cognitivo grave y un nivel de dependencia severo. En el mes de marzo sufrió dos caídas sin aparentes consecuencias en presencia del personal del centro, con un golpe en la frente que no se pudo determinar su etilogía.

Durante la segunda caída se constató cierta dificultad para el movimiento de los miembros inferiores, con el foco en el lado izquierdo, que de la misma manera no llegó a determinarse el grado de la lesión. El 25 de marzo, la residencia se puso en contacto con la familia para comunicar que había sufrido varias caídas desde la cama, además de comunicar en la situación en la que se encontraba. De tal manera, que se realizó una nueva revisión a la residencia.

Los familiares insistieron en que se realizara una nueva interconsulta, con la finalidad de que la realizaran un escáner para conocer el alcance de la lesión cerebral que la mujer padecía. A raíz de las protestas, el médico realizó una nueva consulta valorando que la mujer tenía que ser trasladada a un centro hospitalario. 

El TC craneal que le practicaron establecía un evidente daño cerebral irreversible, por lo que se procedió al tratamiento paliativo intrahospitalario hasta que finalmente el 28 marzo se certificó su fallecimiento por diversas causa, incluida la infección por COVID.