‘Contra el desmantelamiento de la red pública de centros de protección de menores de la Comunidad de Madrid’ es el título literal de un manifiesto que los empleados de las residencias de dicha red han emitido para expresar su desacuerdo con el nuevo proyecto anunciado por la Consejería de Familia, Juventud y Política Social de la Comunidad de Madrid y la Agencia Madrileña de Atención Social, el cual se traduce, sostienen, en el cierre del servicio de la residencia Casa de los Niños, La Casita y el traslado de menores de cero a seis años a dos residencias de Primera Infancia dentro del núcleo urbano, y a residencias fuera de entornos comunitarios en el caso de mayores de dicha edad y adolescentes, afectando a un total de seis centros. Hablamos de todo ello en Televisión Digital de Madrid con Covadonga Díaz, portavoz del grupo de trabajo político-jurídico del Equipo de la Casita.
Díaz sostiene que la Casa de los Niños, especializada en el cuidado y atención de menores enfermos, "lleva cuarenta años en activo sin interrupción alguna del servicio" y que los entornos más aislados pueden ser "idóneos para menores muy pequeños, pero no para los de edad superior, ya que carecen de servicios y suponen un desarraigo de su núcleo vital, con la separación de su barrio, familia, centro de salud o respectivos colegios". Por todo ello, estos profesionales piden "que se revoquen las medidas, para lo cual previamente tendrían que habernos consultado y hablar con nosotros, pero aún no nos han recibido" y subraya que "se debe reflexionar sobre el impacto de estas medidas, porque creemos que son contrarias al interés de los menores y de su bienestar". En el caso de La Casita, expresa que "es un entorno ideal para los niños, porque está ubicada en un espacio natural, donde pueden pasear y es más accesible para los usuarios de carros o sillas de ruedas, aparataje sanitario, camillas u oxigenoterapia, motivo por el que llevarlos al centro urbano es muy perjudicial, sabemos que van a perder mucho en cuanto a calidad de atención".
Se debe reflexionar sobre el impacto de estas medidas, porque creemos que son contrarias al interés de los menores y de su bienestar
La respuesta de la Comunidad
La Agencia Madrileña de Atención Social respondió al documento remitido por los trabajadores, en el que se expresaba la inquietud por el bienestar de los menores tutelados en la región, señalando que "estos traslados derivan de las actuaciones de reorganización de los centros de protección públicos, iniciadas el pasado 26 de mayo, en el marco del proyecto de mejora y optimización de la red de centros de menores adscritos a la Agencia".
A este respecto, Covadonga Díaz reitera que "es la única respuesta que hemos recibido; no nos ha contestado ni la presidenta de la Comunidad de Madrid, ni la consejera, ni la directora general, y tampoco el Defensor del Pueblo; seguimos sin que se nos escuche directamente y sin poder dar voz a estos menores. Hemos puesto una reclamación a la que se ha dado silencio administrativo y hemos escrito hasta al Consejo de Estado, pero nos dice que ellos no tienen competencia en la materia...ya no sabemos a quién acudir, creemos que al final todo esto solo podría paralizarse a través de la vía judicial".
Por dicha razón, seguirán concentrándose quincenalmente, en actos que incluyen "la lectura de un manifiesto y la reclamación de todas estas solicitudes". "Pensamos que se están vulnerando derechos fundamentales de los menores, por lo que queremos que se dé marcha atrás, porque son medidas contrarias a la ley", comenta la portavoz del grupo de trabajo político-jurídico del Equipo de la Casita.
En este sentido, Amas indica que "la Comunidad de Madrid trabaja en un plan de choque para fomentar el acogimiento familiar frente al residencial, dirigido especialmente a la desinstitucionalización en la primera infancia", lo que "implica la reestructuración de los centros públicos de 0 a 6 años", y habla de "exceso de plazas infrautilizadas". "Todas estas actuaciones se basan exclusivamente en razones técnicas y no implican una pérdida de atención y cuidado de los menores, ni suponen un 'desmantelamiento' de la red pública de centros de protección de la Comunidad de Madrid", concluyen. No obstante, Díaz afirma que "son argumentos peregrinos, fácilmente desmontables", porque "la ley exige que la decisión política se tome en relación a la infancia y que se sigan criterios educativos, no hay familias acogedoras suficientes y el acogimiento residencial dista mucho de ser una medida secundaria, por lo que sin un acogimiento efectivo no vemos ninguna justificación".
Del mismo modo, la Agencia Madrileña de Atención Social asegura que en la Casa de los Niños "la atención sanitaria externa es complicada, al no disponer de un hospital ni de un centro de salud pediátrico de referencia cercanos", problema que se acentúa con "los problemas de contratación de profesionales sanitarios, en concreto Diplomados en Enfermería", y también se hace referencia a "remodelaciones que no pueden realizarse con niños residiendo". De igual modo, apunta a que el centro Isabel Clara Eugenia es más idóneo para la integración comunitaria y social de personas con discapacidad intelectual que el Centro Ocupacional Barajas, en que están actualmente. Hablan de un traslado "temporal, con estancia transitoria, hasta la finalización de las obras de adecuación que se realizarán en uno de los edificios".
"Este movimiento está en línea con el esfuerzo que está haciendo la Comunidad de Madrid para que los niños tutelados de estas edades vivan con familias y no en residencias, uno de los objetivos del Plan de Acogimiento Familiar que se ha presentado recientemente. La plantilla del centro que finaliza su proyecto actual se derivará a otros centros de menores de la Amas para mejorar la red de atención, manteniendo todos los empleos", concluyen desde la Comunidad de Madrid.