Agentes de la Guardia Civil han procedido al registro del edificio del Consistorio de San Martín de Valdeiglesias y otras empresas relacionadas con el Ayuntamiento, tanto en dicha localidad como en otros municipios de la región, en el contexto de la operación 'Pantano', una investigación tras la pista de posibles irregularidades en diversas concesiones municipales en el pantano de San Juan y que, de momento, se ha saldado con el arresto de oficio de la exalcaldesa, Mariluz Lastras, y de más de una decena de empresarios urbanísticos, colaboradores y políticos, entre ellos cuatro ediles de la antigua corporación.
Se les acusa de un presunto delito de prevaricación, falsedad documental y malversación de fondos por supuestas adjudicaciones irregulares a familiares y amigos, según informan fuentes de la Benemérita. La investigación penal se instruye en el Juzgado de Primera Instancia número 6 de Navalcarnero. La Fiscalía Anticorrupción, que posteriormente derivó al área de Móstoles, interponía una querella hace ahora dos años, a raíz de una denuncia interpuesta por el Partido Popular del municipio, en la que se incluyen los datos, en las cuentas municipales de 2016 y 2017, de luz verde a informes técnicos de un arquitecto municipal sin licencia ni condición de funcionario de carrera.
Hay pagos registrados, por otro lado, sobre los que no existe “fiscalización previa” y subvenciones otorgadas para las que “falta justificación”. La Fiscalía apreciaba que existían indicios de delito contra la exalcaldesa y su, en aquel momento, teniente de alcalde, Luis Haro. Asimismo, se deduce un uso inadecuado de contratos menores, que no deben ser sometidos a concurso público según la normativa vigente.
El propio Ayuntamiento ha emitido un comunicado en el que se explica que efectivos del Grupo de Delitos Económicos de dicho cuerpo de Seguridad se han personado durante la mañana del miércoles en las dependencias municipales con una orden judicial de entrada y registro. Los agentes también han registrado domicilios particulares e investigado diferentes operaciones relacionadas con la sociedad Costa de Madrid -cuya disolución figuraba entre los puntos del día del pleno previsto para este jueves- y al centro canino Monte Ida. Se estima que el número final de implicados llegue a la veintena.
Se les acusa de un presunto delito de prevaricación, falsedad documental y malversación de fondos por supuestas adjudicaciones irregulares a familiares y amigos.
“Pese a haberlo advertido en innumerables ocasiones a los concejales de PSOE y a los concejales no adscritos, lamentamos profundamente estos hechos, que trataremos con absoluta transparencia y sin interferir en el desarrollo de la investigación”, dice el Consistorio, ahora gestionado por el PP, en una nota informativa, en la cual ha adelantado que se van a personar en la causa, ya que los implicados son personas del anterior equipo de gobierno. El Ayuntamiento, liderado por la Primera Edil Mercedes Zarzalejos, ha subrayado que continuará con normalidad su actividad, quedando suspendida la atención presencial y telefónica del Departamento de Obras.