El Pleno del Ayuntamiento de Madrid ha aprobado la Ordenanza de Derogación Normativa por la que se procede a suprimir 17 normas y ordenanzas municipales que habían quedado obsoletas. Esta ordenanza es el primer paso de un proceso de derogación que busca el objetivo prioritario del Consistorio de mejorar las normas municipales a través de un ordenamiento jurídico municipal, sencillo, claro y transparente para los ciudadanos y empresas.
El equipo de Gobierno considera que, para mejorar la calidad normativa municipal, es necesario, por un lado, actuar sobre las normas futuras, mejorando su contenido y evaluando sus impactos y, por otro, sobre las normas que ya forman parte del ordenamiento jurídico para detectar obsolescencias, contradicciones o cuestiones susceptibles de mejora. La Ordenanza de Derogación Normativa aprobada hoy forma parte del Plan de Gobernanza y Simplificación Normativa que incluye como una de sus primeras medidas una revisión de las 123 ordenanzas y reglamentos municipales que conforman el marco jurídico del Ayuntamiento de Madrid con objeto de mejorar su calidad.
De esta forma, la ordenanza derogatoria efectúa una importante revisión del inventario normativo municipal para que los ciudadanos y los operadores jurídicos conozcan con certeza qué normas están vigentes, eliminando todas aquellas que no son necesarias.
Las razones por las que se ha llevado a cabo la derogación de 17 ordenanzas y reglamentos, una de ellas preconstitucional, pueden agruparse en tres grandes categorías:
- Normas en desuso
- Falta de competencias
- Servicios inexistentes
Creación de un ordenamiento jurídico sencillo, claro y transparente para ciudadanos y empresas
Un primer grupo de disposiciones está integrado por normas que han caído en desuso y que no han sido expresamente derogadas, pero cuyo contenido sí ha sido superado e incorporado en otras normas.
Un segundo grupo de derogaciones ha afectado a normas que tenían relación con ámbitos en los que el Ayuntamiento ya no tiene competencias, al haber quedado superadas por otras legislaciones posteriores y más concretas. En esta situación se encuentra, por ejemplo, la Ordenanza de la placa identificativa de ciclomotores, de 28 de enero de 1994, cuyo contenido ha sido suplido por el Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Vehículos.
En tercer lugar, existen normas que han perdido su razón de ser porque los servicios que en ellas se regulan ya no existen como tales, como en el caso de la Academia de Policía Municipal de Madrid, el Centro Ocupacional Villaverde o el Instituto Madrileño de Investigaciones.