El Gobierno de España ha pedido a la Comunidad de Madrid dialogar acerca del nombramiento de la Real Casa de Correos como lugar de Memoria Democrática, además, advierten que acudirán al Tribunal Constitucional si el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso no accediera a ello. Consideran que la ley madrileña que protege al edificio podría ser inconstitucional, ya que impide el cumplimiento de, entre otras cosas, la Ley 20/2022 de 19 de octubre de Memoria Democrática.
Desde el Ejecutivo regional se han pronunciado ante esta nueva maniobra nacional asegurando que se han enterado por los medios de comunicación, y no por el propio Gobierno. Una muestra más de, en palabras del consejero de Presidencia, Justicia y Administrador Local, "falta de lealtad institucional" que existe desde la administración central.
Así se ha pronunciado Miguel Ángel García señalando ante los medios de comunicación que el Gobierno central pretende recurrir la ley que protege a la Real Casa de Correos, un decreto aprobado por la propia Asamblea de Madrid.
El pasado 27 de diciembre se registró en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid la modificación de la Ley 1/1983, de 13 de diciembre, del Gobierno y Administración de la Comunidad de Madrid, para "incorporar un nuevo Capítulo VIII al Título IV, donde se indica que la Sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid es el edificio de la Real Casa de Correos, ubicado en la Puerta del Sol de Madrid, y se prevén medidas dirigidas a proteger y preservar la neutralidad, la pluralidad, la concordia, el respeto a la ver- dad y a la historia, la imagen institucional, el significado y el uso actual de la Real Casa de Correos como Sede de la Sede de la Presidencia".
Para el consejero, la intención del Ejecutivo central para tumbar esta ley solo puede caber en un "Gobierno con tintes autoritarios que no soporta que otra institución esté defendiendo los intereses de los madrileños y, por extensión, los intereses de todos los españoles".