El Consejo de Gobierno ha autorizado la personación de la Comunidad de Madrid como acusación particular en el procedimiento judicial iniciado contra el presunto autor de un incendio forestal ocurrido el verano pasado. El siniestro se saldó con más de 200 hectáreas de monte y pasto quemadas. El Ejecutivo autonómico acude a los tribunales gracias a la Ley autonómica del Sistema Integrado de Protección Civil y Emergencias.

Con esta iniciativa, el Gobierno regional le reclamará el reintegro de los gastos de personal y suministros empleados para su extinción, que ascienden a 132.624 euros. Ya se han iniciado las diligencias previas en el Juzgado de Instrucción número 1 de Alcobendas por un presunto delito de daños derivados de este siniestro.

El suceso tuvo lugar el 5 de agosto en la zona denominada La Atalaya, entre los municipios de El Molar y Pedrezuela. Arrasó monte y pasto, además de fincas rústicas, causando también la muerte de ganado, principalmente caprino y ovino. Asimismo, debido a la virulencia del fuego, agravada por las inclemencias meteorológicas, obligó al desalojo de numerosas personas y al confinamiento de vecinos por la proximidad del humo.

Para combatirlo, el Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid desplegó 87 de sus efectivos, además de medios terrestres y aéreos. Entre ellos, cinco helicópteros: tres bombarderos y dos de coordinación. También se utilizó maquinaria pesada, dos de tipo buldócer y un dron.