El Gobierno de España retoma la idea de instalar peajes en todas las autovías del país, un plan que se pondría en marcha a partir de 2024, y que todavía está en pañales. No obstante, todo indica a que el Ejecutivo nacional está moviendo ficha para implementar esta medida, y cumplir así su compromiso con Bruselas, por el cual recibiría, al parecer, los fondos europeos valorados en 70.000 millones de euros.
Así, parece que la Dirección General de Carreteras, organismo perteneciente al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, ha encargado la elaboración de un estudio a una consultora pública, Ineco, para valorar el nuevo sistema de financiación de las carreteras.
La ministra de Transportes, Raquel Sánchez, ya avanzó en octubre de 2021 que el Gobierno se encontraba trabajando en esta medida, aunque el pasado mes de junio descartó iniciar el debate correspondiente con el sector debido a la situación económica. Sin embargo, volvió a confirmar que el plan seguía adelante y que la idea era implantarlo a partir de 2024.
Parece que la Dirección General de Carreteras ha encargado la elaboración de un estudio a una consultora pública
Perjudicados por esta nueva medida
En este sentido, desde FACUA rechazan de pleno este modelo propuesto por el Gobierno, y señalan que esta medida terminará afectando más a los usuarios que tienen menos poder adquisitivo, que sufrirán un perjuicio mayor para poder hacer uso de vías que son de titularidad pública. Así, la asociación entiende que la financiación de las carreteras estatales debe financiarse a través de los Presupuestos Generales del Estado, de manera que el dinero necesario para el mantenimiento de las vías salga de los impuestos directos de los ciudadanos.
Mientras que la financiación a través de dichos impuestos permite garantizar una cierta progresividad, de manera que los ciudadanos aportan en función de su nivel adquisitivo, FACUA señala que la implantación de este "sistema de tarificación", como han dado en llamarlo, en las carreteras supone un pago por igual a todos los usuarios, sin tener en cuenta criterios de renta o de capacidad económica, lo que perjudica, una vez más, a aquellos con un poder adquisitivo inferior.
De igual forma, desde la agrupación consideran que esta medida supondría un claro perjuicio para aquellos usuarios que no viven en grandes núcleos urbanos, que tienen que usar estas vías de forma habitual para sus desplazamientos a centros de trabajo, colegios, hospitales, etc. Además, la asociación también critica que esta solución planteada por el Gobierno consistiría en un auténtico copago o repago, al obligar a los usuarios a financiar unas infraestructuras que ya pagaron a través de los impuestos.
Un transporte público asequible para TODOS
En esta línea, desde FACUA recuerdan que el Gobierno quería sacar adelante este plan no solo por el coste del mantenimiento de las carreteras, sino para reducir la emisión de gases de efecto invernadero. Por ello, desde el organismo consideran que, si este es uno de los objetivos principales, se debería poner a disposición de los ciudadanos una alternativa al vehículo privado: el transporte público.
No obstante, parece que es una solución que cojea, pues desde la agrupación mantienen que, si esta es la alternativa a tomar, primero habría que adaptar este transporte, estableciendo más infraestructuras y a un precio asequible.