Pablo Bustinduy, ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, se ha reunido este jueves con representantes de la FRAVM (Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid) y de la CEAV (Confederación Estatal de Asociaciones Vecinales) para abordar la problemática de los pisos turísticos ilegales en la capital después de que, la semana pasada, el Ministerio que dirige identificara más de 15.200 viviendas de este tipo que estarían incumpliendo la normativa en esta ciudad. Estos datos, recopilados por la Unidad de Análisis de Consumo, fueron remitidos a través de un archivo digital al Ayuntamiento de Madrid, con información específica de un conjunto de ellos en los que hay indicios de ilegalidad.
Sobre esta cuestión, Pablo Bustinduy ha explicado que se ofrecieron evidencias de la actividad ilegal de miles de pisos turísticos al consistorio madrileño para que puedan proceder a notificar la retirada de sus anuncios a las plataformas de alquiler turístico y poner en marcha el cese de su actividad y posibles procedimientos sancionadores.
“No tenemos constancia de novedades al respecto”, ha lamentado el ministro, quien ha calificado de “inacción” la actitud del alcalde de Madrid ante esta cuestión, recordando que son “las vecinas y vecinos de Madrid quienes más sufren las consecuencias de la proliferación desbocada de pisos turísticos ilegales”. Por ello, Bustinduy ha instado, de nuevo, al alcalde José Luis Martínez-Almeida a “actuar ya” contra este tipo de viviendas que están fuera de la legalidad, y ha recordado que todas las administraciones, dentro de su ámbito y competencias, “tienen el mandato de asumir esta causa como propia y dar con soluciones para la ciudadanía”.
El ministro ha subrayado que el alcalde de Madrid “no puede mirar para otro lado” y que debe “poner orden” ante esta crisis. Así mismo, ha asegurado que la mejor política pública posible es “la tolerancia cero con los pisos turísticos ilegales” y ha defendido que debe priorizarse la vivienda como un hogar. Bustinduy ha mantenido, además, que los precios de la vivienda en alquiler y compraventa no han parado de crecer en Madrid y que “no atender esta realidad de forma inmediata”, en alusión al Ayuntamiento, “siempre juega en favor de los más poderosos y en contra de los vecinos y vecinas de la ciudad”.
En este sentido, el ministro también les ha trasladado la experiencia de otras administraciones como el Ayuntamiento de Barcelona o el Consell de Ibiza y que, a su juicio, demuestra que cuando hay voluntad política se pueden tomar medidas para afrontar el problema de los alojamientos ilícitos y de su publicidad.
Durante este encuentro, el ministro Bustinduy ha querido también reconocer y agradecer la labor de organizaciones como la CEAV y la FRAVM, destacando que esta última fue la primera entidad en dar la voz de alarma sobre la proliferación de alojamientos turísticos ilegales en Madrid. De la misma forma, ha extendido su reconocimiento a todos los vecinos y vecinas “que se implican en defender el derecho a la vivienda, denunciando abusos, organizándose y protestando”, y ha afirmado que son “el mejor motor para los cambios legales y normativos necesarios para poner fin a la crisis de la vivienda en este país”.
Por otra parte, en esta reunión, Bustinduy ha abordado también la modificación de la Ley de Propiedad Horizontal que ha entrado en vigor este jueves y que permitirá a los vecinos y a las vecinas de un edificio o urbanización decidir si admiten viviendas de uso turístico en sus comunidades. Esta propuesta fue elaborada por la FRAVM y trasladada por la CEAV el año pasado al ministro Bustinduy para, finalmente, ser aprobada por el Gobierno de España. Se trata de “un cambio fundamental para hacer frente a la especulación” que se está dando en el mercado de la vivienda, ha declarado el ministro, al tiempo que añadía que todavía se necesitan hacer “más cambios profundos”. Bustinduy ha celebrado, eso sí, que gracias a esta modificación normativa los vecinos y las vecinas van a tener “más poder” a partir de este día.