El Grupo Popular en la Asamblea de Madrid ha propuesto la creación de una Comisión de Estudio para que los madrileños puedan conocer el impacto del "vergonzoso acuerdo" entre el PSOE y Esquerra Republicana para la condonación de la deuda de Cataluña. Una medida en la que buscarán la participación de expertos en Derecho Constitucional, Hacienda Pública, financiación autonómica, y otras materias, para que "nos pueda precisar cuánto les cuesta a los vecinos de Móstoles, Fuenlabrada o Alcorcón mantener a Sánchez en la Moncloa". 

Así lo ha explicado el portavoz del grupo, Carlos Díaz-Pache, asegurando que el acuerdo de investidura entre el PSOE y ERC "amenaza a la Nación con imponer un modelo de financiación espurio para la Generalidad de Cataluña, basado en una pretendida negociación bilateral con el Estado".

En este sentido, según los populares sería la Generalitat la encargada de gestionar, recaudar, liquidar e inspeccionar todos los impuestos en Cataluña, atribuyéndose de esta manera  competencias que son impropias de una autonomía. Además, para poder sacar adelante esta medida, parece que se precisaría de una modificación constitucional, implicando a su vez desafíos jurídicos, de financiación, recaudación, solidaridad o lucha contra el fraude.

Esta maniobra supondría un perjuicio para los madrileños y el resto de los ciudadanos de las diferentes comunidades autónomas, porque los mecanismos que financiarán los servicios públicos de todos podrían dejar de respetar los principios de igualdad y solidaridad. Es más, si Cataluña llegara a salirse del actual Sistema de Financiación Autonómica, esto se traduciría en una reducción de unos 2.000 millones de euros en la aportación de las comunidades más ricas a la solidaridad entre regiones. Así mismo, el Presupuesto del Estado perdería, total o parcialmente, la recaudación de impuestos que se obtiene en Cataluña: unos 30.000 millones de euros.

Por otro lado, en cuanto a la condonación de la deuda al resto de regiones anunciada ayer por el Ministerio de Hacienda, según los populares supone el reparto de la deuda pública entre "todos los españoles", penalizando a las comunidades que "mejor gestionan", y haciendo a nuestro país "más débil". "Es un nuevo chantaje de los que acostumbra este Gobierno, por el que o accedes expresamente a mis políticas sectarias o te arruino", sentencia el portavoz.