Alberto Rodríguez Rodríguez, posible ex-diputado en el Congreso de Podemos, fue condenado por el Tribunal Supremo a principios de octubre por un delito de atentado a la autoridad tras un episodio ocurrido en el año 2014 donde el podemita propició una patada a un policía nacional en La Laguna (Tenerife) en una protesta en rechazo a la LOMCE, durante una visita del ministro de Educación por aquel entonces, José Ignacio Wert.
La sentencia condena a Alberto Rodríguez a un mes y 15 días de prisión, sustituido por una multa de 540 euros además de una pena de inhabilitación del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo que se establece en la condena. Así, el diputado morado se ve obligado a abandonar el escaño que ocupaba en el Congreso de los Diputados ante la inelegibilidad que comporta la sentencia adoptada.
No hay imágenes del golpe pero la sala confía en las palabras del agente agredido ante la inexistencia de cambios en su versión y que, por entonces, el diputado no era un político conocido como para sentir animadversión contra el acusado
Así, el Tribunal Supremo ha comunicado mediante un oficio firmado por su presidente, Carlos Lesmes, a la presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet, la sentencia impuesta al diputado podemita. También se ha trasladado a la Junta Electoral Central "para su conocimiento y efectos oportunos", es decir, su ya más que posible suspensión temporal o pérdida de condición de parlamentario.
Si bien es cierto que la sentencia no es recurrible, el diputado podrá ampararse al Tribunal Constitucional, paso previo para poder acudir al Tribunal De Derechos Humanos de Estrasburgo; acción con la que ya ha "amenazado" el canario a través de su cuenta de Twitter y durante su intervención acogiéndose al derecho a la última palabra en el juicio celebrado.
En un último intento por salvar su escaño, el diputado morado ha remitido un escrito al Tribunal Supremo pidiendo a la Mesa del Congreso que considere su sentencia cumplida ante el pago de la multa el día 13 de octubre y la acción de admitir los hechos. Se espera que ambos órganos, además de la Junta Electoral Central, se pronuncien al respecto.