El pasado viernes 20 de agosto, la residencia de mayores Los Nogales de Hortaleza en Madrid, decidía expulsar a una de sus residentes por "conducta conflictiva", una mujer de 69 años a la que los servicios sociales se encontraron sentada en un banco, alrededor del mediodía sin sus pertenencias personales.
La mujer fue encontrada en esta situación por los trabajadores del SAMUR Social, que se encarga de personas sin hogar, que fueron avisados por la propia residencia, tal como informa El País. Allí hablaron con el director de la misma, Henry Polo, que aseguró que la familia había sido avisada hacía semanas de que a la residente se le iba a rescindir el contrato por "conducta conflictiva". Ante el calor y la situación en la que se encontraba la mujer, los trabajadores del SAMUR decidieron trasladarla al Hospital Ramón y Cajal donde permanece ingresada hasta el momento.
En ese momento, una de las trabajadoras sociales contactó con la hermana de la residente, que en ese momento se encontraba en la comisaría poniendo una denuncia porque conocía las intenciones de Los Nogales, para avisarle de la situación en la que se encontraba su familiar.
La mujer se encuentra ingresada en el hospital a la espera de encontrar una situación habitacional
La mujer sufre agorafobia
Tal como explica su hermana, la ex residente de Los Nogales de Hortaleza sufre de agorafobia, una enfermedad, que no le impide estar plenamente consciente y funcional. No obstante, según la institución esta situación le ha derivado tener continuos problemas en la habitación compartida de la residencia por la que pagaba 1.8000 euros "religiosamente" cada mes.
En su momento, la residencia le propuso trasladarla a una habitación privada, para evitar los conflictos, pero la mujer se negó porque no podía asumir los 500 euros extra que le pedían por este servicio. Ante esto, el pasado 30 de julio, el director de Los Nogales Hortaleza, citó a la residente y a su hermana en su despacho para comunicarles que le daba 15 días para marcharse de la residencia.
Para Plagdimare, la asociación que vela por los derechos de los residentes, esta expulsión fue "ilegal e inhumana" ya que se hizo sin una resolución judicial de desahucio por la que se le podría haber encontrado una alternativa habitacional a la afectada.