El jueves 16 de septiembre saltaron todas las alarmas: el Juzgado de Instrucción número 13 abrió diligencias tras la querella interpuesta contra Fernando Simón por la Asociación Española de Abogados Cristianos. La justicia tendrá que investigar si realmente se cometió un delito de prevaricación durante la gestión de la crisis sanitaria por parte del Gobierno de España.
Televisión de Madrid ha tenido la oportunidad de hablar con la presidenta de la asociación, Polonia Castellanos. La abogada ha recalcado que la querella se ha interpuesto contra toda la cúpula del Gobierno estatal: "Cierto es que ellos están aforados, pero si el Juzgado de Instrucción observa indicios de delito debería remitirlo al Tribunal Supremo. El culpable no es Simón, sino todo el Gobierno; más en concreto Pedro Sánchez". La querella va dirigida contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, los vicepresidentes en el momento del inicio de la pandemia, Pablo Iglesias y Carmen Calvo, los ministros responsables de la gestión de la crisis: ministra de Defensa, Margarita Robles; el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska; el ya exministro de Transportes, José Luis Ábalos; y el entonces titular de Sanidad, Salvador Illa; así como contra el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón y la ministra de Igualdad, Irene Montero.
"Muchas personas se pusieron en contacto con nosotros porque realmente durante la pandemia vieron como sus familiares estaban desatendidos. Todos hemos vivido como nos han engañado y manipulado con información falsa. Nos dijeron que había un comité de expertos, cuando no era así; nos dijeron que no iba a haber casos y después ha pasado lo que ha pasado", indica Castellanos.
"Sea el que sea el culpable de semejante gestión, no está capacitado para ejercer un cargo público y debe llevar una sanción"
Para la abogada, el punto del delito de prevaricación se produjo cuando el Gobierno, avisado ya por la OMS de la letalidad del virus, no informó a los ciudadanos: "Lejos de decirnos la verdad, lo que hicieron fue invitarnos a salir a las calles para participar en determinadas manifestaciones y así seguir implantando su ideología".
"Existiendo tal número de muertos, aunque no sepamos el numero exacto porque nos lo ocultan, existiendo tantos indicios de negligencia y prevaricación; exigimos que por lo menos se les juzgue", señala la abogada. La organización de juristas tiene por objetivo final saber quién fue le responsable último de lo ocurrido: "Todos tenemos un amigo o familiar que ha sufrido o, por desgracia, fallecido por este virus. Estas personas, por justicia, merecen que los responsables paguen por ello. Lo más importante es conseguir la inhabilitación para el cargo público del responsable. Sea el que sea el culpable de semejante gestión, no está capacitado para ejercer un cargo público y debe llevar una sanción", sentencia Castellanos