La Comunidad de Madrid realizó en 2024 un total de 8.347 servicios de interpretación (7.334) y traducción (1.013) de idiomas extranjeros en los juzgados de la región, lo que representa un aumento del 6% con respecto a los del año anterior.

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, destaca “el compromiso del Ejecutivo autonómico para garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva a todas las personas”. “Se trata de un recurso gratuito más para que la Justicia sea accesible para todos los ciudadanos”, ahonda.

Los partidos judiciales que más utilizaron este servicio público fueron, en el caso de la interpretación, Madrid (5.368), Alcalá de Henares (271), Getafe (217) y Parla (211). En el de los de traducción, destacaron Madrid (788), Alcalá de Henares (33), Móstoles (31) y Fuenlabrada (22), según datos de la Dirección General de Recursos Humanos y Relaciones con la Administración de Justicia de la Comunidad de Madrid.

En cuanto a los idiomas más demandados, para interpretación los primeros puestos los ocuparon el árabe (1.766), el chino mandarín (932), el inglés (883), el rumano (774) y el wolof (774). Las combinaciones más comunes en el servicio de traducción fueron español-inglés británico (204), español-alemán (91), inglés británico-español (55) y español-italiano (53).

Este servicio es necesario para declaraciones orales de personas extranjeras, así como para la traducción escrita y la transcripción de cintas de audio o similares grabadas en lenguajes distintos del español, todo ello en el marco de los procedimientos en los juzgados, tribunales y fiscalías.

El Gobierno regional dispone de personal propio, adscrito al Decanato de Madrid, al Tribunal Superior de Justicia de Madrid, a la Audiencia Provincial y a los juzgados de lo Penal, que presta servicio en los idiomas más habituales, como árabe, francés, inglés, alemán, portugués, polaco y chino. Para el resto de lenguas, cuenta con la asistencia a la que se le puede encargar la interpretación y traducción, una vez comprobado que el servicio propio de la Comunidad de Madrid no puede atender la petición. En todos los casos, es el juez o magistrado quien decide si procede este servicio.