El miércoles a la hora de cenar estallaba la guerra en el Partido Popular. Una información de espionaje de la dirección nacional del PP a la presidenta de la Comunidad de Madrid por un contrato para la compra de mascarillas durante la primera ola de la pandemia en la que el hermano habría cobrado una comisión era la chispa que ponía en todos los medios el enfrentamiento entre Ayuso y Casado.
Una vez publicada la información, el jueves a primera hora de la mañana compareció el acalde de Madrid , José Luis Martínez Almeida, para afirmar que "no se ha producido ningún pago con dinero público" a los espías que teóricamente habrían sido contratados para hacer las labores de investigación del contrato.
El espionaje supuestamente encargado por Génova se habría hecho a través del Instituto Municipal de Vivienda (IMV). Las informaciones apuntaron a que el mediador entre Génova y la IMV fue la mano derecha del alcalde, Ángel Carromero, que horas después dimitiría, pese a que el regidor de la villa y corte asegurara que "una vez hechas las averiguaciones, concluimos que el detective niega la reunión, que el trabajador niega la reunión, que no hay ningún contrato y no se ha podido producir ningún encargo ni ningún pago con dinero público del Ayuntamiento para obtener información de esa naturaleza".
Una hora más tarde de las explicaciones de Almeida empezaba en la Asamblea de Madrid la sesión de control al Gobierno regional. Las preguntas registraras en el orden del día se hicieron por obligación, pero los partidos de la oposición enseguida preguntaron por el conflicto que estaba en ciernes y que afecta a la cámara madrileña en la vertiente del contrato de Ayuso, ya que es la encargada de fiscalizar al ejecutivo.
"No hay ninguna contratación irregular por mi parte, como yo no he hecho absolutamente nada y no adjudicado nada, absolutamente a nadie" sentenció Ayuso en las primeras explicaciones publicas tras la información en prensa. Aunque este contrato ya se había hablado en la Asamblea tanto en el pleno monográfico de contratos de emergencia donde se expulsó a una diputada socialista por mentar el tema y en varias preguntas de la oposición en otras sesiones de control.
Volviendo a la sesión de control del jueves 17, la presidenta de Madrid afirmó que "como no han podido ir contra mí, no han podido acabar conmigo. por más que lo intenten, y me están haciendo pagar tener ahora 65 escaños, ya que no lo pueden conseguir van contra lo más importante que tiene una persona que es su familia". A lo que añadió que "me dejé la vida por intentar gestionar esta Comunidad para que pudiera salir adelante, cosa que a pesar de muchos de sus impedimentos se ha conseguido y hoy la sociedad madrileña, de izquierda a derecha, está orgullosa y cada vez más fuerte, sorteando una crisis".
Una vez concluidas las preguntas a la presidenta, la izquierda de la cámara se dispuso a registrar una comisión de investigación sobre el contratos. El PSOE afirma "el clima de chantaje y espionaje, deja fuera las necesidades de los madrileños" y desean que los contratos "se fiscalice". "Prácticas mafiosas" es como tildan desde Podemos lo que sucede con el contrato y Más Madrid exigen la comisión para que el PP de las explicaciones que tenga que dar porque "tiene una información que no tenemos los ciudadanos".
Pasada la media mañana, Ayuso había convocado a los medios para hacer una comparecencia. Nadie se imaginaba el órdago que hecho a Génova. La presidenta madrileña aseguró que “las declaraciones que durante toda la mañana están publicando en los medios de comunicación y que provienen del entorno de Pablo Casado".
En las declaraciones, la baronesa madrileña defendió su honorabilidad y señaló que "es muy doloroso que dirigentes de tu partido, en lugar de respaldarte, sean quienes te quieren destruir". Asimismo, pidió que “se depuren responsabilidades tanto en el partido nacional como en el partido regional" y que esperaba "que la Dirección Nacional del Partido Popular pruebe que yo obligué a hacer ningún contrato con nadie".
Después de este órdago salió el secretario del PP, Teodoro García Egea, para afirmar que "nadie puede usar nuestras siglas para blindarse ante problemas" porque "se puede tener un buen resultado electoral pero eso no exime del deber de rectitud".
Las palabras de Egea sirvieron para informar que "vamos a abrir un expediente informativo para culminar las averiguaciones que se han llevado a cabo. Con las conclusiones, nos reservamos las actuaciones oportunas".
Las aguas se calmaron tras la mañana convulsa hasta el día siguiente a las 9:00 de la mañana donde Pablo Casado concedía una entrevista radiofónica. El líder del PP señaló que “el 1 de abril cuando morían 700 personas, ¿se puede contratar con tu hermano y ganar 286.000 de comisión por vender mascarillas?”
Asimismo, el líder del PP reconoció que tenía en su poder "unos documentos de transferencia que solo puede venir de un organismo público". En ellos, se demostraría la comisión a lo que dijo que a pesar de dudar de su legalidad lo que si sostuvo es que "es importante a la hora de pedir ejemplaridad ser justo, pero no justiciero".
Minutos más tarde sería la propia presidenta la que entraría por teléfono para negar las acusaciones de Casado afirmando que "quiero pensar que le están engañando y le han dado algo intoxicado". Además, Ayuso reconoció que “se que está esa comisión pero yo no sé la cantidad”.
Horas más tarde, la baronesa madrileña emitió un comunicado donde detallaba que su hermano cobró más de 55.850 euros como "el cobro de las gestiones realizadas para conseguir el material en China y su traslado a Madrid, que es distinto. Es una contraprestación por su trabajo, no una comisión por intermediación".
Minutos después salían el Consejero de Hacienda, Javier Fernández Lasquetty y el de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, para dar explicaciones sobre el contrato, ya que del primero corresponde la correcta contratación de la Comunidad de Madrid y del segundo, el contrato en cuestión vía procedimiento de urgencia durante la pandemia.
El Consejero de Sanidad sostuvo que "todos los procedimientos se han tramitado de manera legal, transparente y acorde con las prescripciones de la legislación en contratos del sector público". Mientras que el de Hacienda afirmó que "el contrato se ha hecho con absoluto y total respeto a la normativa de contratación de emergencias, por tanto, a la Ley de Contratos del Sector Público. Ha pasado todos los controles previos y posteriores internos de la propia Comunidad de Madrid y externos y toda la transparencia, luego, por tanto, es un contrato irreprochable".
Mientras tanto, la izquierda de la Asamblea presentaba ante la Fiscalía anticorrupción un escrito para que se abrieran diligencias y se investigará si existe delito o no en el contrato adjudicado a la empresa Privet Sportive SL por la compra de mascarillas.
La líder de Más Madrid, Mónica García, aseguró que es "la primera piedra de un caso más grande" por lo que cree que "no es la primera vez que vamos a venir a la fiscalía". El PSOE sostuvo que "si es legal o no -la contratación-, lo decidirá la justicia", pero "lo que desde luego no es ético". Mientras que Podemos afirmó que "parece que su hermano ha cobrado una comisión mas que el beneficio".
Tras la mañana revuelta, Casado y Ayuso se reunirán en privado en Génova por la tarde. La reunión trascendió al día siguiente, en ella se habría pedido que Ayuso rectificará públicamente qué Casado y Génova habían espiado a su familia a cambio de cerrarla el expediente interno que podría acabar con su expulsión.
La reunión "infructuosa", como la tildan desde el entorno de Ayuso, no sirvió para acercar posturas, ya que la presidenta madrileña sigue sosteniendo todo lo que dijo en la primera comparecencia en la que sostuvo que Génova la ordenó espiar.
El domingo se produjo una manifestación en la puerta de Génova 13 con más de 3.000 asistentes, según cifra la delegación de Gobierno. En la convocatoria informal por redes sociales se expresaba que había que ir a la sede del PP para mostrar el apoyo a Ayuso y exigir la dimisión de Casado.
A última hora de la tarde, se daba a conocer que que el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, tendría intenciones de dejar la portavocía del Partido Popular nacional.
El lunes por la mañana, una reunión de la dirección nacional para valorar lo que ha ocurrido en las últimas horas, mientras Ayuso retomaba su agenda como presidenta de la Comunidad de Madrid. La baronesa madrileña sostenía que “la situación del PP es insostenible” y que “cada día que pasa nos vamos desintegrando”.
La presidenta de Madrid acudió a la inauguración de una biblioteca en Boadilla, desde allí anunció que se va a enviar toda la documentación que se necesite a fiscalía. Además, Ayuso expresó que retomará su agenda con "normalidad" porque "lo primero que quiero demostrarles a los madrileños es que la Comunidad de Madrid, su gobierno, no va a dejar un solo momento de atender a sus responsabilidades".
Mientras tanto, los barones del PP siguen esperando que se tomen medidas. El presidente de Galicia, Alberto Núñez Feijoo, ha expresado que "hay que tomar decisiones que no serán fáciles y deben ser urgentes", además apunta que "le corresponde a Casado" tomarlas.
Ahora volvamos la vista atrás. Volvamos a los hechos que han originado toda la trifulca. Concretamente hay que irse al 24 de marzo cuando se hace una contratación de emergencia de mascarillas a través del Servicio Madrileño de Salud (SERMAS) y por tanto, se hace sin el conocimiento de la presidenta. El 10 de abril se entregaría el material sanitario y posteriormente, el 21 de ese mismo mes se emite la factura a la empresa Privet Sportive SL, de la que sería dueño Daniel Alcázar, amigo del hermano de Ayuso. El 20 de mayo se pone en conocimiento del Consejo de Gobierno este contrato, pero que ya no se podría revocar y la presidenta no tendría que abstenerse como pide el articulo anteriormente citado.
Pasado el trámite del Consejo de Gobierno, el 10 de junio se publica el contrato en el portal de trasparencia de la Comunidad de Madrid. En un comunicado lanzado por la Presidenta se recoge que el 30 de junio Privet Sportive SL emite una factura al hermano de Ayuso "por gestiones para la compra de mascarillas en China".
Pasado el verano es cuando Casado recibe la información de la supuesta comisión del hermano de Ayuso que cifra en 5 veces más. Llama a Ayuso a capítulo y esta niega que se haya cometido alguna irregularidad. Posteriormente, el 20 de octubre fue el secretario del PP, Teodoro García Egea, el que informó "personalmente" del inicio del procedimiento de investigación.
Por esas fechas se elabora una auditoría por Cámara de Cuentas. Lasquetty asegura que "para hacerse esa auditoría la Cámara de Cuentas seleccionó por muestreo 263 contratos que son los que mira pormenorizadamente, individualizadamente del principio hasta el final. Uno de ellos es el de Priviet y lo que se trasluce en el anteproyecto de informe es que no hay ni tacha ni reparo de ninguna clase sobre ese contrato, en ninguno de sus aspectos".
Una vez conocido el informe previo, en la Asamblea de Madrid se celebró un pleno monográfico sobre contratación de emergencia durante la pandemia. El consejero de hacienda afirma que entrego toda la documentación "de 4.526 contratos de emergencia hechos por la Comunidad de Madrid hasta esa fecha. La entregué en papel y en soporte digital, a la Presidencia de la Cámara, la cual la distribuyó entre los grupos".
Por último, Lasquetty ha reflexionado que "ha pasado desde el 11 de noviembre hasta el día de hoy y ni uno solo de los grupos ha expresado ninguna preocupación de ninguna cuestión en relación con este contrato ni con ninguno". Hasta el miércoles 16 de febrero que es cuando estalla toda la guerra que se ha narrado anteriormente y que parece no tener un fin inmediato.