CCOO Hábitat de Madrid ha alertado de la situación que puede devenir en el Servicio de Ayuda a Domicilio en la Comunidad de Madrid a partir del 1 de enero de 2023. Señalan el riesgo de que los servicios no puedan prestarse de manera adecuada por falta de auxiliares, ya que el plazo para obtener la acreditación profesional necesaria para trabajar en el sector finaliza el próximo 31 de diciembre.
Denuncian cómo hay alrededor de unas mil trabajadoras de la Comunidad de Madrid que se encuentran en una situación donde su futuro laboral "quedaría en el aire". De este modo, el problema principal sería la falta de profesionales acreditadas para poder trabajar a partir del 1 de enero.
Señalan cómo en la actualidad no habría trabajadoras formadas y cualificadas para poder ser contratadas a partir de esa fecha, creando una "falta enorme" que imposibilitaría cubrir los servicios actuales, así como cubrir vacantes o realizar nuevas contrataciones.
Uno de los principales obstáculos para que las trabajadoras consigan la acreditación es el económico, ya que el coste del curso ronda los mil euros, y que para un sector en el que los contratos son en su mayoría a jornada parcial y con sueldos inferiores a los 900 euros, hace casi imposible, en muchos casos, realizar la formación y obtener la acreditación necesaria
El principal obstáculo para que estas trabajadoras consigan el permiso necesario es económico. El coste del curso ronda los 1.000 euros y en este sector donde los contratos son, en su mayoría, "por jornadas parciales y con sueldos inferiores a los 900 euros", desde CC.OO señalan la inviabilidad.
Por ello, consideran necesario tomar medidas para atajar el problema y proponen al gobierno regional aprobar no solo una moratoria para las trabajadoras actuales mediante un plan de formación y acreditación subvencionado al 100% con al menos 10.000 plazas para cubrir las necesidades en materia de personal para los próximos años.
Según CCOO, “si no se toman estas medidas, no será solo un problema para el personal actual, si no que será un problema a futuro para el sector, que no tendrá personal suficiente y pondrá en riesgo la prestación de los servicios, y por tanto, afectará gravemente a la calidad asistencial de los usuarios actuales y futuros”.