Octubre de 2020. Una fecha que los vecinos y vecinas de varios sectores de la Cañada Real recuerdan como el comienzo de sus pesadillas. Alrededor de 4.000 personas, entre ellas 1.800 menores, se encuentran sin luz desde entonces. Si el suministro eléctrico no se devuelve, estas serían las terceras Navidades consecutivas con esta preocupante situación.
Una situación que ya ha sido tratada y denunciada por diferentes instituciones como la ONU, el Comité de Derechos Sociales del Consejo de Europa, 'Defence for Children International', la 'Federación Europea de las Personas sin Techo' y el propio Defensor del Pueblo en más de una ocasión, entre otras.
Ahora, ante la llegada de la época más fría del año y de las Navidades, desde Naturgy, empresa responsable del suministro, han procedido a cortar el tendido eléctrico aéreo, llevándose más de 400 metros de cable, lo que supone aumenta el número de afectados por estas privaciones a las 6.500 personas.
Por ello, desde los partidos de la oposición en la Asamblea de Madrid han registrado una Proposición No de Ley junto con la Plataforma Cívica 'Luz Ya para la Cañada Real' ante la "emergencia humanitaria" que supone esta privación prolongada en el tiempo. Así, exigen que se adopten de manera "inmediata" soluciones de carácter "estable y duradero".
Desde Más Madrid, PSOE y Podemos advierten, sobre todo, de las consecuencias en la salud de los habitantes de la Cañada. Teniendo en cuenta que desde la OMS definen el suministro como "un requisito previo a la buena salud", reiteran cómo un período tan prolongado de tiempo sin el mismo está provocando afecciones médicas y daños irreparables como empeoramiento de problemas ya existentes, infecciones respiratorias, intoxicación por monóxido de carbono, quemaduras... y un largo etcétera que desde la oposición no están dispuestos a seguir permitiendo.
Una vulneración de Derechos Humanos continuada sin precedentes en la historia reciente
El Defensor del Pueblo ha apuntado en más de una ocasión la clara vulneración de los DDHH, pidiendo medidas inmediatas y urgentes ante la "gravedad de la prolongada privación de suministro". Afirmación compartida por un grupo de ocho expertos del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (ACNUDH), el Relator Especial sobre la extrema pobreza y los Derechos Humanos de la ONU, señalando la necesidad de apoyo gubernamental.
Desde Europa señalan a Madrid por estar violando varios convenios internacionales de la ONU que España ha ratificado, la Carta Social Europea, la Convención sobre los derechos de los niños y de las personas con discapacidad y dependientes. En la Cañada Real, los vecinos llevan ya más de 40 años pidiendo a las administraciones mayor integración social y urbanística. Unas peticiones que habrían sido desoídas o, al menos, en parte.
De este modo, en la PNL registrada se insta no solo a poner una solución cuanto antes, sino también a disponer de medios alternativos necesarios para que las familias afectadas como generadores o placas solares; facilitar los acondicionamientos necesarios para el acceso de contratos normalizados de suministro eléctrico, construir una mesa de seguimiento con representación vecinal, facilitar los recursos necesarios de asistencia sanitaria, social y educativa.
Finalmente, se exige poner "coto" a los movimientos de tierras incontroladas en la llamada zona sin asfaltar y evaluar el impacto ambiental que han supuesto.