La Fiscalía Provincial de Madrid ha abierto expediente para iniciar investigación debido a los acontecimientos que tuvieron lugar el pasado sábado en el madrileño barrio de Chueca, zona en la que se aconteció una manifestación en la que un grupo de personas, de ideología de ultraderecha, desfiló por las calles del barrio profiriendo algunas consignas entre las que destacaron: “fuera sidosos de Madrid” o “fuera maricas de nuestros barrios”.
Desde la Comunidad de Madrid se ha responsabilizado de estos hechos a la Delegación de Gobierno, cuya delegada, Mercedes González, pidió este lunes pasado perdón al colectivo LGTBI por los insultos y amenazas. En una entrevista, González añadió que la marcha neonazi por las calles de Chueca fue “lamentable” e hizo ver su profundo rechazo y repulsa por las imágenes producidas en este barrio tan emblemático de la capital.
Por otra parte, también ha señalado que la Delegación no es la encargada de autorizar manifestaciones, solo tomo conocimiento de las mismas y, en todo caso, sí que tiene el poder de prohibirla si se dan las motivaciones oportunas. En este caso, Mercedes Gonzalez ha esgrimido que "existe un derecho constitucional, que es derecho de manifestación. La asociación de vecinos de Canillejas presentó esa solicitud de manifestación contra la Agenda 2030 del Gobierno. También habían convocado otras manifestaciones anteriores en su distrito, con apenas 50 personas, poca convocatoria, sin ningún tipo de altercados. El sábado tampoco hubo ningún tipo de altercado. Por tanto, la Delegación no autoriza, solo puede prohibir y no tenía en su mano ninguna posibilidad de prohibir esta".
Se sancionará por haber engañado
La fiscalía, por su parte, ya ha oficiado los informes para poder recabar la información y determinar si la marcha convocada por este grupo ha sido constitutiva de delito de odio y si, además, hubo engaño al comunicar el motivo de su marcha, en cuyo caso se interpondrán sanciones administrativas a los convocantes.
El consejero de justicia de la Comunidad de Madrid, Enrique López, ha recordado que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado disponen de plenas facultades para disolver una manifestación si en ella se están cometiendo delitos penales, tal y como establece el articulo 5 de la Constitución, que regula este derecho.