El consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha enviado la ley de medidas urgentes para impulsar la actividad económica y modernizar la administración de la región, conocida como, ley Omnibus a la Asamblea de Madrid para que sea tramitada.
El texto normativo actúa sobre 50 textos normativos, entre ellos, leyes, decretos y establece nuevas regulaciones de rango legal y dos decretos. La ley fue presentada durante de navidad para ponerla a oposición pública donde se han presentado más de 600 alegaciones y "se han atendido bastantes de ellas" según ha explicado el Consejero Portavoz, Enrique Ossorio.
Una de los cambios más significativos es la salida de la regulación de los Vehículos de Transporte con Conductor (VTC) de esta ley tras la reunión con el sector del taxi. El propio portavoz ha confirmado que "va a tener una regulación y una tramitación legislativa individual".
Asimismo, Enrique Ossorio ha señalado que las modificaciones han sido comunicadas a VOX, o por lo menos la de su consejería y le consta "que los compañeros hicieron una labor similar". Sin embargo, el portavoz no ha expresado cuál es el parecer de VOX.
La ley tienen como objetivo "contribuir al impulso económico de Madrid y modernizar nuestra región" en palabras del Portavoz. La ley consta de cuatro ejes: la pandemia, la mejora de los servicios públicos, la modernización de la administración y el medio ambiente y urbanismo.
En el caso de la Consejería de Sanidad se contempla la creación de la Agencia de Contratación Sanitaria de la Comunidad de Madrid, adscrita al SERMAS, que es una medida que lo que quiere es ahorrar y hacer más eficiente del gasto.
Si miramos a la Consejería de Presidencia, justicia e interior tenemos una reforma de la ley del juegos para modificar el régimen de publicidad de promoción de patrocinio del juegos y también endurecer el régimen sancionador para conseguir cada vez más un juegos responsable.
En la consejería de Familia se pretende agilizar la gestión de las rentas mínimas, mientras que en la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo se hacen cambios en la ley de tasas y precios públicos con el fin de incorporar nuevas exenciones y reducciones en las tasas, las que afectan al ámbito educativo, al medio ambiente, la formación y el empleo.