La ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, presentó en Consejo de Ministros el anteproyecto de la futura Ley Orgánica de Ordenación e Integración de la Formación Profesional, de manera que se integra la FP del sistema educativo y la FP para el empleo en un solo modelo.
Con este cambio, el nuevo marco de la FP pasará a contar con una oferta única, modular y flexible, que se ordena en itinerarios formativos. Así, los estudiantes irán progresando a través de cinco grados ascendentes:
- Grado A, de acreditación parcial de competencias.
- Grado B, correspondiente al Certificado de Competencia Profesional.
- Grado C, que es el Certificado Profesional.
- Grado D para los ciclos formativos, comprendiendo los grados Básico, Medio y Superior.
- Grado E para los cursos de especialización, englobándose en este caso los títulos de especialista y máster profesional.
El principal objetivo que se persigue con estas medidas es facilitar a los interesados el acceso a todas las formaciones posibles, con distinta duración y volumen de aprendizaje. Así, se incluye por primera vez unidades formativas, o microformaciones (las del Grado A), hasta títulos especializados, que corresponderían a los Grados D y E.
Esta estructura se ha organizado así para que cada estudiante pueda elegir su propio itinerario formativo
Además, esta estructura se ha organizado así para que cada estudiante pueda elegir su propio itinerario formativo. Este es uno de los principales fines de estos cambios en la FP, ya que se da quiere dar respuesta tanto a la demanda en el mercado laboral, como a los empleados a lo largo de su vida profesional. Así, el anteproyecto recoge también otros cambios significativos, ya que todos los Grados C, D y E pasarán a ser FP Dual, estableciéndose dos tipos. Uno de ellos, se corresponde con la FP Dual general, que comprende un período de estancia en una empresa de entre el 25% y el 35% de la duración total de la formación.
El otro tipo es la FP Dual Avanzada, que comprende más formación en la empresa. En este caso, será entre el 35% y el 50% de la duración total. Aparte, el centro de trabajo tendrá que impartir hasta un 40% de los módulos profesionales del currículo. Los estudiantes de esta formación profesional sí tendrán relación contractual con la entidad.
Así mismo, este anteproyecto recoge cómo se acreditará las competencias profesionales adquiridas por la experiencia laboral o vías no formales de formación, con el objetivo de poder agilizarlo. La intención de este sistema es poder acreditar las competencias de más de tres millones de trabajadores en solo cuatro años. En tan solo este año 2021 ya son 450.000 profesionales.