La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, anunciaba durante su comparecencia ante el Congreso de los Diputados una batería de medidas para afrontar la situación ante los elevados precios de la electricidad.
La vicepresidenta ha apoyado la formación en el Congreso de una Comisión específica para estudiar las razones de la subida de precios de la electricidad, y ha insistido en la idea de que el Gobierno de la nación pretende diseñar un sistema eléctrico basado en las renovables a partir de una transición energética justa: "Trabajamos en medidas estructurales, junto con medidas coyunturales y con seguimiento particular del impacto social que pueden tener los momentos más convulsos”, señalaba. El objetivo, “convertir esta en algo llevadero para el conjunto de los ciudadanos, algo socialmente justo, pensando sobre todo en los ciudadanos".
Entre las medidas que se pondrán en marcha desde el Ejecutivo nacional figuran la próxima aprobación de un suministro mínimo vital. Incluida en la Estrategia Nacional contra la pobreza energética, su entrada en vigor aportará una protección adicional a los consumidores vulnerables, al impedir que se les corte el suministro eléctrico de un modo temporal -cuatro meses adicionales a los cuatro meses ya contemplados en la normativa vigente en caso de impago- y de acuerdo con los servicios sociales. Del mismo modo, se contempla la prolongación de la suspensión del impuesto al 7% de la generación hasta fin de año o la aplicación de medidas para reducir la volatilidad de la tarifa regulada y el volumen de energía que se negocia en el mercado mayorista de la electricidad.
La ministra también hacía referencia a la idea basada en prolongar hasta final de 2021 la suspensión del Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica (IVPEE), que grava con un 7% los ingresos de las empresas generadoras y que repercuten en el precio del mercado mayorista, con el fin de mantener su efecto positivo sobre las facturas de los consumidores. Como consecuencia de la rebaja del IVA hasta el 10%, ha manifestado, los consumidores que tienen contratado el suministro eléctrico en el mercado libre "están pagando menos de lo que pagaban antes del crecimiento de precio del mercado mayorista". La aplicación de ambas rebajas fiscales, asegura, tiene un impacto del 12% en los hogares.
Ribera ha hecho referencia a los sistemas necesarios para "achicar" el mercado mayorista, para "evitar que se venda a precios de escasez".
Por otra parte, la vicepresidenta también ha subrayado el firme compromiso del Gobierno para conseguir que la factura de la luz quede lo más alejada posible de la volatilidad y del incremento de los precios del mercado mayorista. Para ello, ha dicho, trabaja en varias medidas de carácter estructural, que “en ningún caso serán contrarias a la normativa europea”. Reducir el volumen de la energía que participa en el mercado mayorista es uno de los pasos a seguir para beneficiar a los consumidores, mientras que otra de las líneas de trabajo destinadas a limitar la variabilidad de la tarifa regulada, el Precio Voluntario al Pequeño Consumidor (PVPC) -una medida reclamada por las asociaciones de consumidores-, pasa por "integrar en parte una cesta de indicadores más estables que permitan mantenernos en horquillas de precios".
Algunos de los ejemplos especificados por Ribera para reducir la factura de los usuarios y “evitar que, como ocurre ahora, las centrales de ciclo combinado de gas vendan a precios de escasez" son: la contratación bilateral (en la que España es el principal mercado europeo), el autoconsumo, las comunidades energéticas locales, el fomento de la eficiencia energética, las subastas de renovables o la regulación de los mercados de capacidad y almacenamiento. Confía, ha asegurado, en que que el Congreso apruebe cuanto antes los dos proyectos de Ley que le ha remitido el Gobierno, destinados a bajar hasta en un 15% el recibo del gasto eléctrico de los hogares.
En cuanto a la alarma social generada durante este mes de agosto por la "escandalosa reducción de los volúmenes de agua embalsada", lo que afecta a la producción hidroeléctrica y el aprovechamiento de los embalses, y por tanto al precio del mercado eléctrico, Ribera ha subrayado que el Gobierno tomará "las decisiones pertinentes", afirmando que ya está trabajando en la aplicación del artículo 55 de la Ley de Aguas.