Las familias y niños con necesidades educativas y diversidad funcional, se enfrentan a un largo camino de dificultades que se van sucediendo; andar de la mano de profesionales, familias y personas que les ayuden a sortear obstáculos y guiarles, va a ser determinante. Pero no todas tienen la suerte y orientación, ni muchas veces la motivación que se requiere.

Hablamos de duelo, desigualdad, lucha y búsqueda de recursos, orientación, terapias, escolarización..., son tantas barreras con las que se encuentran.

Hoy queremos dar voz a una familia de nuestro centro, que lleva tiempo enfrentándose desamparados a un proceso muy doloroso.

Aimar y su familia, se han enfrentado a una batalla muy complicada, la falta de recursos y respuesta educativa, encontrándose con una denegación de ajustes para responder adecuadamente a las necesidades educativas de su hijo, un niño de 9 años con TEA, que han llevado a su madre Lorena, a escalar todas las montañas con las que se ha ido encontrando, aunque se ha visto en ocasiones derrumbada. Esto la ha llevado a presentar una reclamación en los órganos competentes, para seguir su lucha.

Esta es su voz: 

“Expongo que están atentando contra varios derechos fundamentales de mi hijo. El primer derecho del que se nos está privando es el de la libre elección de centro escolar” (apoyándose  en el articulo 2 de RD 1/2013 de 29 de noviembre).

Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. Tres son los principios fundamentales que la presiden: El primero consiste proporcionar una educación de calidad a todos los ciudadanos del sistema educativo, para que alcancen el máximo desarrollo posible de todas sus capacidades, individuales y sociales, intelectuales, culturales y emocionales para lo que necesitan recibir una educación de calidad adaptada a sus necesidades. 

El segundo principio consiste en la necesidad de que todos los componentes de la comunidad educativa colaboren. La responsabilidad del éxito escolar de todo el alumnado no sólo recae sobre el alumnado, sino también sobre sus familias, el profesorado, los centros docentes, las Administraciones educativas y sobre la sociedad en su conjunto, responsable última de la calidad del sistema educativo.

El tercer principio consiste en un compromiso decidido con los objetivos educativos. La exigencia que se le plantea de proporcionar una educación de calidad a todo el alumnado, teniendo al mismo tiempo en cuenta la diversidad de sus intereses, características y situaciones personales.

La actividad de los centros docentes recae, en última instancia, en el profesorado. Conseguir que todos los jóvenes desarrollen al máximo sus capacidades, en un marco de calidad y equidad, convertir los objetivos generales en logros concretos, adaptar el currículo y la acción educativa a las circunstancias específicas, conseguir que los padres y las madres se impliquen en la educación de sus hijos.

Las enseñanzas se adaptarán al alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. La adaptación garantizará el acceso, la permanencia y la progresión de este alumnado en el sistema educativo.

Para garantizar el acceso universal y permanente al aprendizaje, las Administraciones identificarán nuevas competencias y facilitarán la formación requerida para su adquisición.

El currículo irá orientado a facilitar el desarrollo educativo de los alumn@s, garantizando su formación integral, contribuyendo al pleno desarrollo de su personalidad y preparándoles para el ejercicio pleno de los derechos humanos. En ningún caso podrá suponer una barrera que genere abandono escolar o impida el acceso y disfrute del derecho a la educación.

Con objeto de fomentar la integración de las competencias, se dedicará un tiempo del horario lectivo a la realización de proyectos significativos para el alumnado y a la resolución colaborativa de problemas, reforzando la autoestima, la autonomía, la reflexión y la responsabilidad. Se establecerán medidas de flexibilización y alternativas metodológicas en la enseñanza.

La Ley 14/1970, y la Ley Orgánica 8/1985, considera la educación como un servicio esencial asequible a todos, sin distinción de ninguna clase, en condiciones de igualdad de oportunidades, con garantía de regularidad y continuidad y adaptada progresivamente a los cambios sociales.