El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha sido informado sobre el anteproyecto de la Ley de medidas urgentes para impulsar la actividad económica y la modernización de la Administración de la región, conocida como Ley Ómnibus. Este pretende actuar sobre 45 textos normativos, incluyendo 34 leyes, tres decretos legislativos, cuatro nuevas regulaciones de rango legal y cuatro decretos. En este cómputo se incluye la derogación total o parcial que el Anteproyecto realiza sobre tres leyes y dos decretos.
A través de la Comisión Interdepartamental para la Reducción de Cargas Administrativas y la Simplificación Normativa de la Comunidad de Madrid, adscrita a la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior, se han analizado las normas vigentes en distintas áreas con el objetivo de identificar su conveniencia y, proceder a su actualización, simplificación o derogación, y reducir así los trámites burocráticos tanto a empresas como a ciudadanos.
Con esta norma, en el marco del Plan para la Reactivación de la Comunidad de Madrid tras la crisis del COVID-19, se calcula que se pueden reducir en cerca de 2 millones de euros las cargas administrativas y mejorar su eficiencia para ciudadanos y empresas. La Ley, acorde al procedimiento, podría estar aprobada y publicada en el mes de junio de 2022.
El objeto de las reformas es impulsar la actividad económica en la región, adaptar el cuerpo normativo actual a las nuevas realidades sociales y económicas, eliminar cargas innecesarias y modernizar la organización administrativa.
Así, desde la Consejería de Presidencia, Justica e Interior, se propone modificar el régimen de publicidad, promoción y patrocinio del Juego con el fin de regular el juego responsable. También se revisa su régimen sancionador, se establecen políticas para realizar esta actividad de manera adecuada y se contemplan acciones preventivas, de sensibilización, intervención y control.
Desde la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y agricultura, se pretende instaurar un marco normativo más flexible que favorezca el dinamismo empresarial y las iniciativas emprendedoras orientadas a configurar una región sostenible. En ese sentido, se está ultimando una nueva modificación de la Ley 9/2001 del Suelo, más ambiciosa y liberalizadora que permita reactivar la economía regional. Asimismo, la reforma pretende también adecuar la regulación a la legislación estatal básica a la norma estatal en lo referente a las actuaciones de transformación urbanística, para evitar interpretaciones divergentes de la legislación aplicable que puedan conllevar cualquier tipo de contratiempo.
El texto también actúa sobre las Leyes 2/1991, para la Protección y Regulación de la Fauna y Flora Silvestres y la 16/1995, Forestal y de Protección de la Naturaleza. Además de dar una mayor cobertura a las especies protegidas y a los montes públicos se regularán diferentes aspectos en materia de aprovechamientos forestales y eliminarán cargas administrativas. También prevé modificar la Ley 2/2002 de Evaluación Ambiental para hacer más eficiente la norma.
Una infinidad de modificación
SUPRESIÓN DE TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y MEJORA DE LA RMI
El texto propone modificar la Ley de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad de Madrid para incluir nuevas exenciones y reducciones en el ámbito educativo, del medio ambiente, la formación y el empleo.
Entre los cambios, se suprimen dos tasas relativas a la Formación y Empleo: la de expedición de certificados de profesionalidad, acreditaciones parciales acumulables y expedición de duplicados y la de participación en el procedimiento para la evaluación y acreditación de las competencias profesionales, adquiridas a través de la experiencia laboral o de vías no formales de formación.
Por su parte, la Consejería de Familia, Juventud y Política Social introduce medidas encaminadas a mejorar la gestión de la Renta Mínima de Inserción (RMI) al permitir que la Comunidad de Madrid pueda intervenir en el proceso de inicio mejorando el plazo de resolución de las solicitudes.
Asimismo, para garantizar una mejor orientación en el ámbito de la inserción socio-laboral de las personas vulnerables, se amplía la participación en los proyectos de integración al resto de beneficiarios de prestaciones económicas distintas a la RMI de la Comunidad de Madrid.
NUEVA AGENCIA DE CONTRATACIÓN SANITARIA
En materia sanitaria, el anteproyecto de Ley recoge la creación de la Agencia de Contratación Sanitaria de la Comunidad de Madrid, adscrita al SERMAS. Su finalidad es la contratación de suministros, bienes y servicios que sean declarados de gestión centralizada en este campo.
Además, se prevé que se pueda eximir del requisito de nacionalidad a extracomunitarios en categorías estatutarias, cuya titulación para el acceso sea una especialidad médica deficitaria. De esta forma, en aras de proteger el interés general, se cubrirían necesidades asistenciales y déficit de profesionales en Atención Hospitalaria, Atención Primaria y SUMMA 112, en aquellas en las que se requiera la titulación de licenciado o grado en medicina y título de una de las especialidades en Ciencias de la Salud.
Desde la Consejería de Administración Local y Digitalización se propone la modificación de la Ley 2/2003 de Administración Local, con el objetivo de crear mancomunidades de interés general simplificando el procedimiento para la modificación de sus estatutos.
REGULACIÓN DE LAS VTC
Desde la Consejería de Transportes e Infraestructuras se apuesta por seguir garantizando la mejor y más completa oferta de transporte público a los madrileños, fomentar la actividad económica, el empleo y la competencia. Para ello, la nueva ley regional establece que la competencia para la regulación y gestión de los Vehículos de Transporte con Conductor (VTC) corresponde a la Comunidad de Madrid.
Así, se creará una habilitación autonómica asociada a las autorizaciones de VTC nacionales para permitir que estos puedan seguir prestando el servicio de transporte urbano tal y como venían haciendo hasta ahora. Asimismo, contempla la rebaja de la cuantía de las sanciones por la comisión de infracciones muy graves, graves y leves, tanto para taxi como para VTC, excepto la referente a la realización de transporte público de viajeros.
Por otra parte, se pretende adaptar la normativa autonómica de carreteras a las nuevas vías de comunicación (carreteras multicarril o doble calzada y las vías ciclistas) y se contempla la elaboración y aprobación de una Estrategia de Seguridad Viaria de carácter multidisciplinar.
CULTURA, TURISMO Y DEPORTE
En materia de Deporte, se dota de mayor seguridad jurídica a los profesionales del deporte para que puedan mantener su actividad hasta la entrada en vigor del reglamento de las desarrolle, sin menoscabar el objetivo final de mejorar la formación que deben tener los profesionales del sector deportivo con la finalidad de proteger la salud de los ciudadanos.
Por su parte, se refuerza la protección de los menores y adolescentes con medidas como la exigencia del certificado negativo en el registro de delincuentes sexuales y trata de seres humanos a los profesionales o voluntarios que traten con menores en el ámbito deportivo.
SIMPLIFICACIÓN NORMATIVA Y REDUCCIÓN DE CARGAS
El anteproyecto también introduce otras medidas de simplificación normativa, de modernización de la Administración y de reducción de cargas en materia de vivienda, de prevención y extinción de incendios y en el cuerpo de Agentes Forestales, así como en el ámbito de coordinación de Policías Locales y en materia de Transparencia y Buen Gobierno, entre otros.
En particular, el texto atribuye a la consejería competente en materia de Economía la evaluación del impacto económico en la tramitación de anteproyectos de ley, decretos legislativos y disposiciones reglamentarias, lo que supone por parte de la Administración regional una decidida voluntad de desarrollar una actividad normativa que evite trabas y obstáculos a la libre competencia y a la unidad de mercado.
Por otro lado, se atribuye a la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior la coordinación y la calidad de la actividad normativa del Gobierno y da carácter permanente a la Comisión Interdepartamental de Simplificación Normativa y Reducción de Cargas Administrativas, que tendrá como función principal impulsar la evaluación normativa a efectos de su simplificación, su adaptación a los principios de buena regulación y reducción de cargas administrativas.