La Comunidad de Madrid investigó el año pasado, a través del Cuerpo de Agentes Forestales, un total de 124 procedimientos penales ante la Fiscalía Provincial de Medioambiente, frente a los 151 de 2021 –un 17,8% menos–, en los diferentes juzgados de instrucción por la comisión de presuntos delitos ambientales en la región.
El consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Enrique López, ha presentado hoy, en la Real Casa de Postas, el balance anual efectuado por estos profesionales, donde ha destacado que “respecto a años anteriores hemos apreciado una estabilización en cuanto al número de presuntas infracciones cometidas, que fue superior a las 77 registradas en 2020, y ligeramente inferior a las 151 de 2021”.
Destacan, en primer lugar, los delitos relacionados contra la biodiversidad, como los de disparos a especies protegidas, el uso de artes ilegales de caza como cepos, lazos, o jaulas trampa, así como el empleo de venenos, seguidos por los incendios forestales. Otros asuntos investigados fueron los vinculados con vertidos a los cauces con grave afección ambiental y los de maltrato animal. Además, en 2022 descendió el número de delitos contra el urbanismo.
Madrid es una de las regiones de España con mayor biodiversidad. Más de la mitad de su territorio está protegido y es la segunda comunidad autónoma, detrás de Canarias, con un mayor número de espacios protegidos. En ellos se lleva a cabo un uso social muy intenso del medio natural, razón por la cual la presencia y la labor del Cuerpo de Agentes Forestales es fundamental.
López ha subrayado que “la mayoría de las irregularidades fueron cometidas entre los meses de junio y septiembre”. “Todos los incendios forestales ocurridos el año pasado han sido investigados en su totalidad. Conocer sus causas es la mejor manera de actuar contra ellas de cara al futuro y poder mejorar así la política de prevención”, ha señalado.
En 2022 descendió el número de delitos contra el urbanismo
Los agentes forestales como agentes de la autoridad
Los agentes forestales componen el cuerpo autonómico competente en la persecución de las infracciones y delitos ambientales. Tanto la normativa autonómica como la estatal les otorga por Ley el carácter de agentes de la autoridad, Policía Administrativa Especial y Policía Judicial Genérica.
Para ello se forman en diferentes cursos avanzados de criminología ambiental, trabajando de manera conjunta con las Fiscalías de Sala y Provincial de Medio Ambiente en multitud aspectos, como la disminución de la mortalidad en aves rapaces por tendidos eléctricos, el uso ilegal de venenos y artes prohibidas, la prevención e investigación de incendios forestales, la ordenación del territorio, vertidos y maltrato animal.