Los riders, repartidores de comida y otros objetos a domicilio, se han manifestado en Madrid en contra de la llamada Ley rider que se ha aprobado hoy en el último Consejo de Ministros. Varios sindicatos y agrupaciones han convocado a los repartidores para bajar desde la calle Princesa en Madrid hasta el Congreso de los diputados para mostrar su desacuerdo con esta ley que dicen insuficiente.
En el vídeo se ve como decenas de personas montadas en bicicleta o en moto paralizan por completo el carril derecho de la calle de la Princesa para protestar por la recién aprobada Ley rider, que obliga a las empresas contratantes, como Glovo o Uber, a dar de alta en las seguridad social a los repartidores como trabajadores por cuenta ajena y no como autónomos.
Esta ley, que nace como resultado de numerosas sentencias judiciales que establecían que los repartidores eran, efectivamente, trabajadores y no autónomos, se ha llevado a cabo con el acuerdo del Ministerio de Trabajo y Economía Social, los sindicatos UGT y CCOO y las asociaciones empresariales CEPYME y CEOE. Tanto empresas de reparto como Glovo, y algunas asociaciones de riders se han mostrado en contra de esta ley que, entre otras medidas, obliga a las empresas a explicar a los trabajadores los algoritmos utilizados en las aplicaciones para que estos entiendan cómo funciona el volumen de trabajo.
RidersxDerechos la considera insuficiente
La plataforma RidersxDerechos se ha mostrado muy crítica con esta nueva ley que creen "insuficiente" ya que consideran que en los 3 meses que se les ha dado a las empresas para regularizar a sus empleados como trabajadores por cuenta ajena, puede dejar sin trabajo a más de 15.000 riders, al no "obligar" a los contratantes a mantener el mismo número de repartidores que tienen en la actualidad.
Además, se quejan de que los empresarios van a "salir impunes" al no haberse establecido multas o penalizaciones a las empresas que llevan años tratando a los riders como falsos autónomos. Según RidersxDerechos, la ley, pionera en todo el mundo, es poco ambiciosa y deja atrás muchas de las reivindicaciones por las que los propios trabajadores han luchado en los últimos años.