El pasado domingo, 5 de junio, el Centro de Vacunación del Wizink Center finalizaba con sus labores. Así, los diferentes profesionales destinados en este espacio, alrededor de 200 sanitarios, pasarán a desarrollar las funciones propias de su categoría en el Hospital de Emergencias Enfermera Isabel Zendal (HEIZ).
El comunicado que firma el director gerente del SUMMA 112 o deja claro, este cambio supone: una nueva ubicación de trabajo, la obligatoriedad de incorporarse en el HEIZ, el mantenimiento de turnos y horarios actuales, sin posibilidad de cambio en vacaciones, permisos y permutas; la visualización del cambio de dispositivo de la agenda del profesional a partir de esa fecha y, finalmente, la limitación a las funciones de vacunación.
A ello, se le suma el mantenimiento del cierre de los 37 Servicios de Urgencias de Atención Primaria. Así, desde la asociación sindical SummAT han hecho público su descontento con un vídeo de protesta donde se encuentran lemas como, entre otros:
"Se cargan la sanidad de Madrid", "750.000 urgencias sin asistencia", "No nos dejan cuidaros", "SUAP cerrados, hospitales colapsados", "Soy tu enfermero de urgencias y solo me dejan vacunar" y "Otro cambio más. Ahora vamos al Zendal"
Se convoca una concentración el 16 de junio a las 19,30 frente a la Asamblea de Madrid por la apertura inmediata de los SUAPS y la incorporación de nuevos profesionales, junto con la reivindicación de 'No al cierre de los centros de atención primaria por la tarde'
Por ello, desde el sindicato asambleario de los trabajadores del SUMMA112 han presentado una queja formal ante el Defensor del Pueblo (nº 22011939) donde se denuncia lo siguiente: "El motivo de esta queja es la situación en la que se encuentra el SUMMA112 desde hace años y que se ha agudizado con la declaración de pandemia y el cierre de los SUAPS (Servicios de Urgencias de Atención Primaria)".
En relación a los SUAPS, continúan apuntando que "desde el 22 de marzo 2020, ya más de dos años, estos centros permanecen cerrados con graves consecuencias para la población, provocando un paulatino desmantelamiento del servicio que está produciendo un endurecimiento y precariedad de las condiciones laborales de los profesionales".
Alegan "desigualdades en la población de la Comunidad, rompiendo con la equidad en el acceso a la AP", donde destacan que los Servicios de Atención Rural (SAR), nunca cerraron. Entienden que la situación provoca una "discriminación geográfica" al haber sido mantenida en el tiempo, afectando de manera directa "al derecho a la salud, en contra de los dispuesto en la Ley General de Sanidad".
Además, para los ciudadanos "El no disponer de un servicio de urgencias próximo al domicilio genera una sensación de indefensión y abandono en quien no tiene los conocimientos técnicos para valorar la situación y sólo percibe su malestar".