El Ayuntamiento de Madrid es pionero en la implantación de evaluaciones normativas, lo que permitirá analizar los resultados reales de las normas municipales que hayan sido aprobadas y mejorar y simplificar el ordenamiento jurídico municipal. La Junta de Gobierno ha aprobado este jueves la Guía Metodológica sobre la Evaluación Normativa, una nueva herramienta con la que el Consistorio trata de revertir situaciones que, aun siendo habituales en la producción normativa de cualquier administración pública, deberían corregirse en el futuro.
Así, por ejemplo, en el preámbulo de una ordenanza o en la exposición de motivos de una ley, el promotor de la iniciativa expone los objetivos que se pretenden conseguir con ella (motivos de interés general como mejorar la actividad económica o simplificar un determinado procedimiento administrativo, por ejemplo). Sin embargo, transcurrido un tiempo desde la aprobación de la norma, generalmente no se conoce si en realidad se han cumplido las metas que se plantearon en su origen, ni existe descrita alguna metodología para evaluar dicho cumplimiento.
No obstante, el artículo 130 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común dispone que “las Administraciones Públicas revisarán periódicamente su normativa vigente para adaptarla a los principios de buena regulación y para comprobar la medida en que las normas en vigor han conseguido los objetivos previstos y si estaba justificado y correctamente cuantificado el coste y las cargas impuestas en ellas”. En cumplimiento de esta previsión legal, a través de la guía, el Ayuntamiento dota a los servicios municipales de un instrumento que facilite la realización de los informes de evaluación de las ordenanzas y reglamentos.
Funcionamiento de la evaluación
El resultado de la evaluación se plasmará en un informe que se hará público con el detalle y contenido previstos en la guía. Este tipo de informe debe valorar, una vez transcurrido un tiempo prudencial de aplicación de la norma (que oscilará entre dos y cinco años), si se han cumplido los objetivos que justificaron su aprobación, si se han generado los impactos (por ejemplo, en la economía, en el medioambiente, en el presupuesto o en la organización) que se pensó que se producirían, si se han provocado otros impactos que no se previeron y cuáles son las cuestiones relevantes sobre la aplicación de la norma que deban tener en cuenta los responsables municipales para decidir si debe ser mantenida, modificada o derogada.
La Junta de Gobierno ha aprobado una nueva herramienta con la que el Consistorio trata de revertir situaciones que, aun siendo habituales en la producción normativa de cualquier administración pública, deberían corregirse en el futuro.
Tres contenidos diferenciados
Para implantar la evaluación normativa, el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno incluye tres contenidos diferenciados. En primer lugar, el acuerdo aprueba la Guía Metodológica sobre Evaluación Normativa que, con una orientación didáctica, pretende servir de instrumento para realizar el informe de evaluación a los distintos órganos municipales implicados en la producción normativa. Contar con una guía que oriente el proceso resulta de gran utilidad y visibiliza la apuesta que realiza el Ayuntamiento para implantar este tipo de mejora regulatoria. Para posibilitar esta tarea, la guía desarrolla cada uno de los apartados del informe de evaluación indicando en qué consiste el análisis a realizar y cómo realizarlo.
En segundo lugar, se ha considerado oportuno adaptar las directrices para la elaboración del Plan Anual Normativo, aprobadas por Acuerdo de 15 de junio de 2017, de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid, a la realización de este tipo de evaluaciones. En este sentido, junto a la planificación de futuras normas que ya se viene realizando en el Ayuntamiento desde el año 2017, a partir de 2023 también se incluirá en el plan anual normativo la previsión de los informes de evaluación a emitir cada año sobre las normas ya aprobadas.
Por último, los estudios realizados para la elaboración de la guía han puesto de manifiesto la necesidad de introducir determinadas modificaciones en las directrices sobre la Memoria de Análisis de Impacto Normativo y la Evaluación Normativa, aprobadas por Acuerdo de 3 de mayo de 2018, de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid.
De esta forma, se diferencia entre dos tipos de informes, el de evaluación de normas y el de revisión normativa general. Este último tiene por objeto evaluar el estado del ordenamiento jurídico municipal en su conjunto para evitar su obsolescencia y orientar futuros procesos de producción normativa, pudiéndose elaborar como mínimo cada ocho años previa decisión de la Junta de Gobierno. El primer informe de este tipo ya lo realizó el Ayuntamiento de Madrid en el año 2020.