El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha aprobado el proyecto de Ley de medidas para un desarrollo equilibrado del medio ambiente y la ordenación del territorio. Se trata de una nueva regulación con la que el Ejecutivo autonómico pretende hacer frente al desafío del crecimiento económico y demográfico que proyecta la región, unido al refuerzo de la protección de sus recursos naturales.

Así, esta iniciativa de la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior supondrá una actualización, racionalización y simplificación de la normativa de la Comunidad de Madrid en los ámbitos medioambiental, territorial y urbanístico. Para ello, se modificará diez textos legales con el fin de estimular la actividad económica gracias a la reducción de cargas burocráticas.

El texto normativo se remite a la Asamblea de Madrid con la previsión de que entre en vigor a finales de este año. Entre los objetivos del Gobierno madrileño, con esta nueva Ley, se encuentra el de aumentar la oferta de vivienda, seguir avanzando hacia los objetivos de descarbonización y digitalización; garantizar el relevo generacional del sector primario y combatir la despoblación en las zonas rurales; y blindar la prestación de los servicios públicos sobre la gestión del ciclo del agua.

El desarrollo de nuevo suelo para vivienda

En materia urbanística, se podrá solicitar la licencia desde el momento de la reparcelación, lo que supone un adelanto de cerca de un año en los plazos, acelerando la construcción de nuevas viviendas más eficientes. Con ello, se facilitará el desarrollo de grandes proyectos y se acelerará la edificabilidad. Clarifica, también, la normativa de forma que no se paralicen proyectos como el de Madrid Nuevo Norte, en la capital.

Así, el Gobierno autonómico da un paso más en la agilización de los trámites urbanísticos municipales tras la aprobación de las Leyes Ómnibus y de medidas urbanísticas para la promoción de vivienda protegida, permitiendo a los ayuntamientos ir avanzando en el planeamiento mientras se sigue tramitando la nueva reforma integral de la Ley del Suelo, actualmente en preparación. Además, busca la regeneración urbana, para mejorar los barrios de las ciudades con nuevas dotaciones públicas y espacios verdes.

Impulso a la competitividad y sostenibilidad del sector agrario

Los cambios legislativos de la Ley de medidas para un desarrollo equilibrado del medio ambiente y ordenación del territorio beneficiarán también a los agricultores y ganaderos madrileños. Se reducirán las autorizaciones urbanísticas y modernizarán los regadíos, que supondrá un ahorro de agua y la mejora de la rentabilidad de las explotaciones agrarias. Asimismo, permitirá que haya más usos y actividades en el suelo rural y la comercialización directa de los productos agroalimentarios en la propia instalación para una mayor competitividad.

El nuevo texto de la Comunidad de Madrid establece que el Ejecutivo regional pueda desarrollar Planes de Protección del Paisaje. Además, busca compatibilizar esa protección del medio rural con los usos tradicionales, de manera que permitimos una mayor flexibilidad para actuaciones como reparaciones de caminos, tapias de piedra, o infraestructuras ganaderas, con el fin de revitalizarlo y contribuir a su desarrollo económico, evitando la despoblación.

La futura ley además declara las obras hidráulicas de regadío de interés regional, permitiendo a los agricultores modernizar y consolidar sus regadíos. También permite la instalación de invernaderos sin necesidad de Calificación Urbanística. Al agilizar estos procesos, se fomenta un uso más eficiente de los recursos hídricos y se apoya el desarrollo rural en la región con explotaciones más eficientes y rentables.

Agiliza trámites en la instalación de centros de datos

La nueva reforma legislativa facilita los procedimientos para soportes estratégicos de energía y telecomunicaciones reduciendo hasta en dos años su tramitación. Entre otros, se fomentará la instalación de Centros de Procesamiento de Datos (CPD) en Suelo Urbanizable No Sectorizado, mediante la fórmula de Proyecto de Actuación Especial, que agiliza los plazos de tramitación. Asimismo, elimina los Planes Especiales de Infraestructuras para la distribución o transporte de energía y telecomunicaciones, lo que supone dos años de ahorro en el despliegue.