La Comunidad de Madrid aumentó el año pasado un 39% los documentos de Instrucciones Previas (IIPP) -conocidos popularmente como testamentos vitales- tramitados en los centros públicos de salud, hasta alcanzar los 9.136. Esta cifra supone un 65,1% de los 14.026 gestionados durante 2024 por la sanidad regional.
Este incremento anual coincide con la incorporación de un protocolo específico en las Unidades de Atención al Usuario para este procedimiento administrativo, que también se puede llevar a cabo en todos los hospitales públicos, así como en 17 privados y 15 residencias públicas de mayores.
El dato “demuestra que los madrileños prefieren hacer este trámite en Atención Primaria. Responde al propósito del Gobierno de la Comunidad de Madrid de dotar a nuestro primer nivel asistencial de más funciones y hacerlo cada día más ágil, cercano y accesible”, ha explicado hoy la consejera de Sanidad, Fátima Matute, que ha visitado el Centro de Salud Mirasierra en la capital. Además, ha invitado a los ciudadanos a conocer este sistema que permitirá "decirnos cómo tenemos que cuidar a la gente en cualquier momento de su vida".
Precisamente este ha sido el que registró el mayor volumen de expedientes (479). En total, 110 puntos de Atención Primaria (incluidos 12 consultorios locales), de 51 municipios, cuentan con un sistema de agendas específicas para facilitar a los usuarios el acceso a la información, así como la elaboración o registro IIPP.
Cualquier madrileño puede solicitar su documento IIPP -testamento vital- para manifestar, de forma expresa, libre y anticipada, los cuidados y tratamientos que quiere recibir si en el futuro una enfermedad se lo impide. Además, permite incluir indicaciones sobre el destino de su cuerpo en caso de fallecimiento. La relación de los lugares en los que se puede pedir figura en este enlace.
Todos los documentos de Instrucciones Previas son confidenciales y custodiados según la legislación vigente en materia de protección de datos de carácter personal. La Dirección General de Humanización de la Consejería de Sanidad es la entidad competente en esta materia.