El Consejo de Gobierno ha aprobado la reunión celebrada ayer, 26 de octubre, la concesión a título póstumo de la Gran Cruz de la Comunidad de Madrid a Victimas del Terrorismo a 209 ciudadanos asesinados en atentados.
Se trata de la máxima distinción honorífica en este ámbito instituida por el Ejecutivo regional, una iniciativa en reconocimiento a su memoria avanzada en 2021 por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante el Debate de investidura celebrado en la Asamblea legislativa autonómica.
El Gobierno madrileño preserva con esta acción el sacrificio de las víctimas mortales y los heridos provocados por la violencia terrorista. Asimismo, se respalda el trabajo de aquellas asociaciones y personas que trabajan en lucha contra esta lacra y defiendan los valores democráticos.
El Decreto de creación de esta Gran Cruz, que se otorga por primera vez, incluye además otras dos categorías como la Medalla a Víctimas del Terrorismo -para heridos y lesionados y ciudadanos que, por amenazas y coacciones, hayan fijado su residencia en la región- y la Placa de la Comunidad de Madrid a la lucha contra el Terrorismo por parte de personas físicas o jurídicas.
La Gran Cruz de la Comunidad de Madrid tiene forma de estrella de ocho puntas y tiene grabada la inscripción Memoria y Dignidad
Las personas propuestas por la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior para el mayor de estos reconocimientos, la Gran Cruz, son todos los fallecidos cuyos expedientes ha gestionado –con la tramitación y pago de las indemnizaciones contempladas en la citada Ley- hasta el momento, a través del Comisionado del Gobierno para la Atención a las Víctimas del Terrorismo.
La Gran Cruz de la Comunidad de Madrid tiene forma de estrella de ocho puntas y tiene grabada la inscripción Memoria y Dignidad, así como un lazo solidario.
El compromiso del Gobierno de la Comunidad de Madrid con las víctimas del terrorismo se reforzó con la Ley de Protección, Reconocimiento y Memoria de las Víctimas del Terrorismo, aprobada en la Asamblea regional en 2018, y que tuvo su continuidad con la creación del Comisionado para las Víctimas del Terrorismo, que es el interlocutor válido y directo con todas ellas y sus familiares.