Miles de personas han salido a la calle este 9 de febrero para solicitar medidas encaminadas a facilitar el acceso a una vivienda digna y sostenible. Entre las principales peticiones de los manifestantes figura la intervención del mercado, la regulación del precio de los alquileres y la prohibición de adquirir inmuebles que no se destinen a ser residencia.
A la concentración, convocada por diversos colectivos habitacionales, vecinales, ecologistas, sindicales y sociales -así como entidades vinculadas con los Derechos Humanos- han asistido también numerosas personalidades del ámbito político. Entre ellas, Rita Maestre, portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento de la ciudad, quien ha hablado de "emergencia habitacional", al tiempo que considera que "las Administraciones competentes están muy lejos de los problemas reales que tiene la ciudadanía madrileña, que dedica más del 50% de su sueldo al pagar el alquiler o vive agobiada por la cuota de la hipoteca".
"Los gobiernos del Partido Popular de Madrid pueden y deben hacer mucho más, como aplicar la Ley de Vivienda y topar los precios de los alquileres, cerrar las 17.000 viviendas turísticas ilegales que operan a cielo descubierto en la ciudad, o comprar, como ha hecho el Ayuntamiento de Barcelona, los bloques que pertenecen a Fondos Buitre y viven bajo amenaza de desalojo", ha añadido. "La vivienda se ha convertido en un negocio para especuladores, en lugar de ser un derecho constitucional", ha remarcado Maestre.
La vivienda se ha convertido en un negocio para especuladores, en lugar de ser un derecho constitucional
Coincide en gran parte Reyes Maroto, portavoz socialista en el consistorio de la capital, quien ha señalado que "hoy hay más de 500.000 madrileños y madrileñas que se podrían beneficiar del tope de los alquileres si Ayuso aplicara la Ley de Vivienda".
"No me extraña que Ayuso no sepa que en esta Comunidad hay problemas para acceder a una vivienda mientras ella reside en un ático de lujo que no sabemos quién lo paga", ha declarado Maroto. Por ello, insta a Feijóo a que exija a la presidenta regional la aplicación de la normativa mencionada "si quiere hacer honor a su lema, 'la política que sirve'".
"Hay un Gobierno socialista en el Ayuntamiento de Barcelona que protege el parque inmobiliario comprando inmuebles para los vecinos de su ciudad, mientras Almeida vende los pisos a Fondos de Inversión", lamenta. A éste le exige, asimismo, "que retire el Plan Reside".