Desde la década de los 80 del pasado siglo, como mínimo, se viene poniendo a las Pensiones en el punto de mira de los recortes, además de ser el objeto del deseo de capital financiero; el gasto en pensiones está en torno a los 10.000 millones de euros mensuales; bancos y aseguradoras, nacionales e internacionales, “babean” por hincar el diente a estas macro cifras.
Los pronósticos, hipótesis y proyecciones de los economistas que trabajan para generar opinión favorable a los intereses del capital financiero, vienen equivocándose desde hace cuatro décadas, pues, según sus predicciones, el sistema tendría que haber quebrado ya en varias ocasiones. Pero eso le ha dado lo mismo a los gobiernos.
En 1985 se llevó a cabo el primer rejón, cuando el periodo mínimo para tener acceso a la pensión pasó de 10 a 15 años y los años que se tenían en cuenta para hallar la base reguladora pasó de los 2 últimos años cotizados a los últimos 8. En 1997 se pasó de los 8 últimos años cotizados a 15. Desde la reforma de 2011, los años para hallar la base reguladora de la pensión ha ido creciendo y, a partir del próximo año 2022 será de los últimos 25 años cotizados. Cada año más de cotización que se toma para saber la base de nuestra futura Pensión, la cifra resultante decrece, pues cuanto más atrás en el tiempo el salario fue inferior. Este es solo uno de los factores que se ha utilizado para bajar la cuantía de las pensiones.
Con la reforma de 2011, se retrasó la edad de jubilación legal de 65 a los 67 (edad de jubilación que se alcanzará en 2027), y en la reforma que está en curso se alienta a que los trabajadores y trabajadoras continúen trabajando más allá de los 67. La reforma de 2013 introdujo el “factor de sostenibilidad”, que pone la pensión en relación con la esperanza de vida, y la revalorización al 0,25%, durante los años del Gobierno de Rajoy, devaluaron el poder de compra de los pensionistas al crecer las pensiones menos que los precios (IPC).
La percepción que los trabajadores y trabajadoras tienen es que cada vez que se reúne el Pacto de Toledo lo hace para rebajar la pensión por la que han cotizado a lo largo de toda su vida laboral. Argumentan que el sistema es insostenible porque comienzan a jubilarse los trabajadores y trabajadoras de la generación del “baby boom”, pero lo que no dicen es que esos trabajadores y trabajadoras, igual que son muchos para cobrar la pensión también fueron muchos y muchas para cotizar.
Los trabajadores y trabajadoras bien merecen que se reintegre todo lo que haya sido detraído de sus cotizaciones, es decir de sus salarios.
No han terminado los plazos introducidos por las reformas anteriores cuando ya está en curso una nueva reforma. Se sabe que se va a cambiar el eufemismo “factor de sostenibilidad (FS)” por otro, denominado “mecanismo de equidad intergeneracional (MEI)”. El primero ya sabemos que consiste en repartir una cantidad fija a lo largo de los años desde la jubilación hasta la media de edad de mortalidad, frente al establecimiento de una pensión hasta, indistintamente de los años a los que se produzca el fallecimiento. Aún no está claro en qué consiste el MEI, pero me atrevo a pronosticar que no va a ser para subir las pensiones. Por otra parte, se penaliza a los trabajadores que se jubilen anticipadamente, aunque hayan cotizado más de 40 años. Es una media muy injusta, pues se penaliza a la generación que más ha aportado. Y puede ser doblemente injusta si se aplica a los trabajadores y trabajadoras que pierden su empleo entorno a los 60 años por la aplicación de un ERE.
Lo que verdaderamente supone una hemorragia económica para el sistema público de pensiones no es si hay más pensionistas o si las pensiones suben más que los precios. El problema está en tres hechos irrefutables: las consecutivas reducciones y exenciones de las cotizaciones a las empresas, la devaluación salarial, y el pago, con dinero de las pensiones, de gastos, que correspondían al Estado.
En el primer aspecto, ningún gobierno debiera haber tocado las cotizaciones de las empresas a la Seguridad Social, pues eso es lo mismo que tocar la nómina de los trabajadores, ya que las cotizaciones a la Seguridad Social tienen carácter de salario diferido. Por tanto, lo que habría que hacer, en lugar de aplicar nuevos recortes a las pensiones, es revertir los bonificaciones y exenciones a las empresas.
El segundo factor, tiene que ver con la promesa del Gobierno de coalición, incumplida a fecha de hoy, de derogar íntegramente las reformas laborales de 2010 y 2012. La hegemonía del convenio de empresa sobre el sectorial, la posibilidad de los empresarios de descolgarse de la aplicación de convenio o la eliminación del principio de ultraactividad de los convenios, son tan solo tres ejemplos de los mecanismos de devaluación salarial que han tenido lugar en nuestro país desde 2010 hasta hoy.
El tercer elemento lo aportan el Banco de España, el propio Ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, el Sr. Escrivá, y el Tesoro Público; en relación con el dinero que debiéndose haber pagado por el Estado se pagó con el dinero de las cotizaciones. Las tres fuentes no se ponen de acuerdo en la cantidad ni en el periodo de años. Por tanto, tomo como referencia los datos del Tesoro Público, quien dice que entre 1989 y 2013, la Seguridad Social pagó, con dinero de las Pensiones, partidas que correspondían al Estado. La cantidad estimada está entre 100.000 y 155.000 millones de euros. Si, además, esa cantidad se actualizase con la capitalización que podría haber obtenido, la cifra no bajaría de los 200.000 millones de euros.
Esto último, es lo que, con justicia, lleva al movimiento de pensionistas a exigir que se realice una Auditoría pública y transparente de las cuentas de la Seguridad Social. Esta reivindicación es el eje de la movilización que ha sido convocada para el 16 de octubre próximo. Los trabajadores y trabajadoras bien merecen que se reintegre todo lo que haya sido detraído de sus cotizaciones, es decir de sus salarios. Las cuentas claras.