La alcaldesa de Móstoles, Noelia Posse, deberá sentarse en el banquillo como investigada por un presunto delito relacionado con la condonación de deudas y tasas a empresas. Ha sido citada el próximo 18 de noviembre, en un paso previo para la apertura del juicio oral. Tendrá que personarse en el Juzgado de Instrucción número 1 de nuestra localidad.
Concretamente, se le acusa de supuesta malversación y prevaricación al haber perdonado una deuda pendiente que asciende a más de 2,4 millones de euros, contraída por la empresa ITV Móstoles S.L., con el Consistorio de nuestro municipio.
El Juzgado también ha llamado a declarar a Joaquín Navarro, que asistió a la Junta de Gobierno Local cuando se tomó el acuerdo de la ITV.
La querella, admitida a trámite en abril, fue interpuesta en su momento por dos concejales del grupo “Más Madrid-Ganar Móstoles”, Susana García y Gabriel Ortega. “Lamentablemente tuvimos que interponer una querella contra el Gobierno municipal de Noelia Posse, después de haberle regalado, mediante una amnistía fiscal a una empresa privada -ITV Móstoles- 2 millones y medio de dinero público”, asegura Ortega en un vídeo disponible en el perfil de Facebook de su grupo político. “Esto no puede seguir así, es muy grave”, añade “los delitos que están encima de la mesa son una presunta prevaricación administrativa y una presunta malversación de caudales públicos”, señala. Se refieren a las prácticas llevadas a cabo por el Gobierno municipal como “de muy dudosa legalidad” y le solicitan al Partido Socialista de Madrid “que reaccione”, concluyen.
Mañana declararán ante la UCO Miguel Ángel Ortega -antiguo concejal de Más Móstoles- y Ángeles Cortizar -arquitecta-, en relación a contratos realizados por el Gobierno municipal. Otra de las personas citadas es el auditor Joaquín Navarro, que asistió a la Junta de Gobierno Local cuando se tomó el acuerdo de la ITV.